Puig aprobó el proyecto de Enron pese a no incluir el impacto de la red de alta tensión

Ni la edificación de nuevas líneas de alta tensión para evacuar la electricidad producida, ni la construcción del gasoducto que debe alimentar de materia prima a la planta o las conducciones para el abastecimiento de agua del río Ebro fueron evaluadas por la empesa norteamericana Enron en su Estudio de Impacto Ambiental, presentado ante el Departamento de Medio Ambiente, que lo aprobó el pasado 9 de enero. Por su parte, el departamento que dirige Felip Puig tampoco incluye en la propuesta de resolución de la ponencia ambiental el impacto de las infraestructuras complementarias que requiere la central térmica y se limita a recordar, sin mayor valoración, que Enron requerirá de líneas eléctricas, gasoducto y conducciones de toma y descarga de agua.

Según las alegaciones presentadas por el Aayuntamiento de Tivissa, coincidentes con las de Miravet y asumidas por el Consejo Comarcal de la Ribera d'Ebre, el gasoducto invadirá parte del municipio de Tivissa, mientras que la captación y evacuación del agua del río Ebro se realizará en el término de Móra d'Ebre, por lo que las poblaciones reclaman ser consideradas como parte en el proceso administrativo en términos equiparables al del municipio de Móra la Nova y tener, asimismo, el mismo nivel de información de la empresa. En el caso concreto de Tivissa, la población considera que el proyecto de Enron afecta a seis hectáreas de su municipio.

Enron indicó en su estudio de impacto ambiental que definirá en el futuro con la 'precisión necesaria' los proyectos de la Línea de Alta Tensión (LAT) y el diseño del gasoducto. A juicio del Ayuntamiento de Tivissa, gobernado por Iniciativa per Catalunya (IC), 'el Departamento actúa como si la autorización ambiental sólo afectara a las instalaciones de la central y no a las que se denominan complementarias, que no lo son, puesto que son necesarias para el funcionamiento de la actividad'.

En sus alegaciones, Tivissa recuerda que la memoria inicial presentada por Enron ante el Ministerio de Medio Ambiente en Madrid sí incluye las infraestructuras como objeto del análisis medioambiental.Las alegaciones de los consistorios de la Ribera d'Ebre apuntan además que la Administración competente para la autorización de emplazamientos energéticos es la central. La legislación del sector eléctrico establece que corresponde al Estado 'autorizar las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a más de una comunidad autónoma'.

De acuerdo con ello, la Generalitat no tendría facultad decisoria, tal como los ayuntamientos aseguran que reconoció el propio consejero de Industria, Antoni Subirà, ante el Parlament el 3 de mayo del pasado año: 'En referencia a las centrales de generación eléctrica de régimen ordinario, la solicitud de autorización debe presentarse al Ministerio de Industria y Energía y al Ministerio de Medio Ambiente, dado que la Administración competente es la estatal'. Con esta premisa, el Gobierno catalán debería, según las objeciones presentadas por los ayuntamientos y el Consejo Comarcal, limitarse a 'la gestión de la tramitación administrativa'.

Más movilizaciones

Las plataformas ciudadanas de Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre y Priorat, organizadoras de la multitudinaria protesta ciudadana de Barcelona del pasado domingo contra los tres planes de infraestructuras previstas para las Tierras del Ebro (Mapa Eólico, Plan Hidrológico Nacional y el proyecto de Enron), explicaron ayer que el inmovilismo del Gobierno catalán en sus posturas 'sólo llevará a mayores movilizaciones'.

Manel Tomás, portavoz de la plataforma antitrasvase del Baix Ebre, aseguró ayer que la postura del Ejecutivo de Pujol motivará que las organizaciones ciudadanas incluyan a partir de ahora en la denuncia del Plan Hidrológico Nacional no sólo al Gobierno del PP, sino a CiU, 'que actúa movida por compromisos políticos'. 'Empezamos sin el Gobierno de la Generalitat, continuamos sin su apoyo y, si es necesario, acabaremos sin él', añadió.

Tomás puntualizó que los ciudadanos de las Tierras del Ebro no aceptarán la propuesta del consejero de Medio Ambiente, Felip Puig, de negociar con el ministerio correspondiente la cesión de agua de los canales de los regantes. 'Acabaremos mal con la Generalitat; sus alegaciones no son un punto de encuentro', añadió el portavoz, que recordó que los ciudadanos optaron el pasado domingo por una nueva cultura de gestión del aguas, 'opuesta a los lobbies de las constructoras y de las hidroeléctricas'.

Las plataformas, que analizarán durante esta semana las repercusiones de la masiva protesta del pasado día 25, están convocadas a una nueva manifestación en Madrid el próximo 11 de marzo. Ante la rotunda respuesta obtenida en Barcelona, Tomás explicó que si en un principio pensaban acudir a Madrid de forma testimonial y fletar únicamente entre siete y diez autobuses, ahora intentarán 'enviar a mucha más gente', sentenció.