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El PP amenaza a CiU con una crisis si sus diputados votan contra el Plan Hidrológico

La Delegación de Medio Ambiente de Tarragona trasladó la documentación de la empresa a los servicios técnicos de los Bomberos el 3 de agosto con el apercibimiento siguiente: 'Dada la envergadura e importancia del proyecto y el interés demostrado por parte del departamento, os agradecería que emitiérais vuestro informe en el plazo más breve posible'. Los Bomberos disponían de tres meses, según estipula la legislación vigente, para realizar el informe preceptivo.

El informe fue elevado el 25 de septiembre, dentro del plazo establecido, y era desfavorable al proyecto. Entre otras, la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil explicaba que sería necesaria la descripción de la instalación de recepción de gas del exterior. También se refería a los dispositivos para cortar el suministro en caso de accidente y valoraba como muy importante la instalación de válvulas de seccionamiento alternativas y separadas entre ellas, señalizadas y protegidas.

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Según la Dirección General de Emergencias, las instalaciones de la central de ciclo combinado proyectada por Enron requerían, asimismo, una descripción de los sistemas de detección de gas en las áreas de riesgo como turbinas, generación de vapor, transformadores o gasóleos, y la incorporación a la cubeta de los tanques de gasóleo de sistemas fijos de inundación por espuma. También se exigía el cumplimiento de la normativa en materia de prevención en los edificios administrativos. Otra de las normas exigidas por la Dirección General de Emergencias era una descripción muy detallada de la red de agua contraincendios.

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La empresa tampoco incorporó en su documentación la descripción de las líneas maestras del Plan de Emergencia Interior, según el documento de los Bomberos, que, finalmente, reclaman 'un estudio de seguridad del conjunto de las instalaciones'. El informe preceptivo de los Bomberos debía ser incorporado a la ponencia ambiental encargada de valorar el proyecto de Enron.

Finalmente, tal y como consta en la propuesta de resolución de la Ponencia Ambiental, el informe en materia de prevención de incendios que se incorporó fue el presentado el 27 de noviembre, prácticamente un mes después de expirado el plazo previsto por ley para su presentación y después de que la empresa, a fecha de 24 de octubre, enviara de forma directa 'documentación complementaria' referida a 'un mayor desarrollo de las medidas de contraincendios' tanto a Josep María Pelegrí, director general de Calidad Ambiental, como al inspector de la Dirección de Emergencias de Tarragona encargado de realizar el informe. La Dirección de Emergencias recibió un nuevo comunicado de la delegación de Tarragona en el que se le urgía 'la mayor brevedad de tiempo posible'.

Veinte días después, fuera de plazo, el informe resultó favorable, aunque condicionado a 'una posterior evaluación en la fase de ingeniería de detalle'. Pese a que la legislación no prevé la posibilidad de que los informes preceptivos puedan someterse a prórrogas o que las empresas puedan ser interpeladas para adjuntar mayor información, Josep Maria Pelegrí explicó que una vez superada la certificación de la idoneidad y suficiencia del proyecto y de su documentación, los diferentes departamentos que los evalúan pueden demandar mayor información y datos complementarios de la empresa.

Medio Ambiente explicó ayer que una vez que Enron ha dado entrada (el 7 de noviembre, ante la delegación de Tarragona) a su nueva documentación al respecto, 'ya se prevé que el informe de Bomberos será favorable'.

La normativa autonómica en materia de prevención de impacto medioambiental establece que es en la fase previa de suficiencia cuando, en 15 días desde la presentación del proyecto en el Departamento de Medio Ambiente, se valora la falta o no de documentación. Y, a partir de este momento, 'se da traslado al solicitante (la empresa energética norteamericana) para que la complemente'.

Transcurrida esa fase, se abre un periodo de información pública. El director general de Calidad Ambiental valoró como 'un trámite normal' que la empresa se dirigiera a él personalmente o que fuera conocedora del nombre del redactor del informe.

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