Doble rasero para las empresas privatizadas

El Gobierno español, en general, y su vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, en particular, se han expresado reiteradamente en contra de la entrada de empresas públicas extranjeras en empresas privatizadas españolas consideradas de sectores estratégicos.

El Gobierno ha defendido esa tesis en dos sectores especialmente: en las telecomunicaciones y en la energía. En el primero hizo saber a la holandesa KPN, participada por el Estado holandés, que sus intenciones sobre la española Telefónica, donde el Estado tiene derecho de veto mediante la denominada acción de oro, no eran bien vistas. Tuvo que dar marcha atrás cuando la operación ya estaba vendida por Juan Villalonga. Un mensaje similar ha dado Rato recientemente a la eléctrica estatal portuguesa EDP en la OPA lanzada, junto a CajAstur, sobre Hidrocantábrico. El mensaje estaba respaldado con una disposición legal (introducida en los Presupuestos de 2000) que otorga al Ejecutivo la posibilidad de vetar cualquier operación no deseada en el sector energético de empresas extranjeras de capital público.

El sector siderúrgico -como el tabacalero- no parece estar entre los estratégicos, a juzgar por los hechos. El Estado luxemburgués controla un 30% de Arbed; pero cuando se vendió Aceralia a finales de 1997, el Gobierno del PP no puso pegas. Ahora, tampoco.