Las alegaciones al Mapa Eólico piden que no haya molinos en zonas naturales

Las plataformas de defensa del territorio de Tarragona no han sido las únicas que han presentado alegaciones. Los grupos de la oposición, 22 ayuntamientos, 13 promotores eólicos, 9 entidades ecologistas, 15 entidades y 3 particulares, acaban de conformar el total de alegaciones al proyecto del Gobierno de Jordi Pujol.

El mapa establece zonas compatibles, zonas condicionadas (espacios PEIN) y zonas incompatibles. ERC, la formación política que ha presentado unas alegaciones más detalladas, ve contradicción entre un plan que pretende la preservación del territorio frente al impacto de los molinos, pero a la vez permite la construcción de los mismos en un 43% de los espacios PEIN y reclama por ello que el Consejo Consultivo de la Generalitat se pronuncie al respecto. En caso contrario, el decreto de implantación de la energía eólica 'tendrá dudas permanentes de su legalidad'.

Entre otras, los republicanos constatan la incompatibilidad del decreto con otras legislaciones vigentes, como la del suelo, de Política Territorial o de Espacios Naturales, que impide la inclusión en éstos de 'elementos artificiales, carteles de propaganda o similares que limiten el campo visual'. ERC considera el decreto un 'mal ejemplo legislativo, realizado con premura', que obvia elementos ecológicos clave, como el hecho de que no se demande declaración de impacto en las pistas de acceso a los parques o no se valore el impacto acústico.

Socialistas e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) coinciden también en demandar la exclusión de la zona condicionada de los futuros parques naturales y los espacios PEIN y mayores medidas de control en las declaraciones de impacto ambiental. IC-V pretende que los parques instalados en zonas compatibles (el 66% del territorio catalán) superen también la declaración ambiental. Los grupos de la oposición demandan, asimismo, medidas que permitan a los municipios dotarse de alguna capacidad decisoria para la inclusión en su término de un parque.

Las 4.653 alegaciones de las plataformas y entidades (entre ellas, las de las amas de casa del Priorat) de Tarragona recuerdan que ningún espacio natural de la provincia ha quedado excluido de la posibilidad de acoger una central eólica, así como que zonas de alto valor ecológico situado entre sierras declaradas incompatibles podrán acoger molinos sin ningún problema.

Las alegaciones de las plataformas recuerdan que todos los estudios realizados sobre el futuro económico de las comarcas meridionales resaltan la importancia de su patrimonio natural. Solicitan por ello la retirada del decreto y que el departamento busque 'un consenso real'.

Las entidades ecologistas se centran más en los aspectos de agresión al territorio que supone la implantación de aerogeneradores. Así, el Grupo de Estudios y Protección de los Ecosistemas del Campo (Gepec), que reclama que el decreto se transforme en ley para posibilitar un 'amplio debate parlamentario', alega que las tres zonas definidas por el mapa se conviertan en dos, compatibles e incompatibles, y que en todas ellas sea preceptiva la declaración de impacto. La ponencia ambiental que debe aprobarlas tendría que ampliarse, a su juicio, a representantes de universidades y centros de estudio para garantizar su imparcialidad. El Gepec denuncia que el decreto no sea retroactivo, lo cual supone dar carta blanca a los proyectos ya presentados, 'algunos de los cuales se hallan en zonas incompatibles'.