Vivienda multará hasta con cinco millones a los vecinos que no revisen sus edificios

En mayo del año pasado entró en vigor la Ley de Ordenación de la Edificación estatal, que tiene carácter básico y, por lo tanto, es de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno vasco ha elaborado una norma que recoge algunos aspectos que no incluye la ley estatal, como es el caso de la inspección técnica de todo tipo de edificios. El mayor esfuerzo se concentrará en los bloques de viviendas, ya que son los mayoritarios en la comunidad. Se trata de algo similar a la ITV que periódicamente deben pasar los coches.

Según el borrador del proyecto, se trata de una revisión visual realizada por expertos (arquitectos técnicos y aparejadores) en la que se comprobará la estructura de la construcción, incluyendo cubiertas, fachadas y las redes de saneamiento y abastecimiento. También se realizará alguna cata, como picar en los pilares. No se inspeccionará, al menos por el momento, los ascensores e instalaciones eléctricas porque del departamento entiende que eso ya se hace por parte de otros organismos.

Los especialistas elaborarán un informe y se lo enviarán a la comunidad de vecinos. Las conclusiones del éxamen técnico no obligarán a los propietarios a subsanar los daños, aunque lo lógico es que lo hagan, según apunta el director de Vivienda, Javier Iriarte. Sólo en el caso en que se descubran posibles perjuicios para el resto de ciudadanos (por ejemplo, un tejado mal agarrado del que podrían desprenderse tejas y caer a la calle) los vecinos deben solucionar los fallos. Además, los técnicos mandarán un informe al ayuntamiento para que si los propietarios no corrigen el defecto, lo haga la institución pública de manera subsidiaria.

Concienciación ciudadana

No superar una inspección técnica será considerado como una infracción leve, pero no realizarla, como grave. En este caso, la cuantía de la sanción oscilará entre las 250.000 pesetas y los cinco millones. La multa recaerá directamente sobre la comunidad de vecinos. 'El objetivo', dice Iriarte, 'es que los propietarios de un edificio de viviendas lo tengan en buenas condiciones'.

Las inspecciones que se han realizado en ciudades del Estado no han tenido el éxito adecuado, excepto en Cataluña, donde hay una experiencia amplia y en Barcelona son voluntarias. Y no han tenido buena acogida porque no se les ha dado la publicidad adecuada ni se ha mentalizado a la ciudadanía de la necesidad de realizarlas, según el director de Vivienda. 'El camino adecuado es la concienciación. Los vecinos deben convencerse de que la inspección de su edificio lo revaloriza', incide Iriarte. 'A veces el desconocimiento de la ley hace que no se cumpla. Si desde las instituciones hacemos una buena difusión de estas medidas, a lo mejor sólo puntualmente es necesaria la sanción', añade. El Gobierno avisará a las comunidades del año en el que les toca la revisión.

Cada inspección puede costar de media alrededor de las 150.000 pesetas para un edificio de 15 viviendas, que en principio deberán ser abonadas por los vecinos. El departamento estudia subvencionar una parte de ese coste, ya que todo lo que se haga por el mantenimiento redunda en la mejor vejez de la construcción. Las ayudas que en la actualidad se conceden para rehabilitación podrán ser sustituidas paulatinamente por otras para mantenimiento, que son menos cuantiosas.