La Zona Franca pagó a la consultora GSC dos auditorías privadas sobre el delegado del Estado

La Zona Franca de Cádiz, dependiente del Ministerio de Hacienda, pagó a la consultora madrileña GSC dos facturas de 336.183 y 296.776 pesetas por la confección de dos auditorías sobre las finanzas, las propiedades y los ingresos particulares del propio delegado especial del Estado, Manuel Rodríguez de Castro (PP).

El primer pago figura en los informes de control presupuestario del organismo fiscal con el número de factura 75/00, abonada el 8 de mayo de 2000, y bajo el epígrafe Informe, evolución patrimonial y percepciones DEE (delegado Especial del Estado), GSC. El otro abono a la misma empresa está registrado el 12 de febrero de 1999, por la realización de un informe similar, al que se le añade otro de carácter jurídico y tributario.

El pasado martes, Rodríguez de Castro acudió al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz para denunciar el robo de ese documento privado, realizado 'a petición propia' y que, según dijo, siempre estuvo en su despacho. El delegado de la Zona Franca involucró al diputado socialista José Fernández Chacón en el supuesto robo del informe. Lo acusó de haberlo divulgado, aunque no consta su publicación en ningún medio de comunicación, y pidió al juez que identifique al titular de la línea telefónica desde la que presuntamente se remitió el documento a un receptor también desconocido.

Hasta ahora, Rodríguez de Castro sostenía que se trataba de un documento privado en el que se analiza su situación patrimonial. El delegado especial del Estado no respondió ayer a las preguntas sobre el supuesto pago de esas auditorías privadas con dinero público.

Por su parte, el comité de empresa ha informado que en julio de 1996, recién llegado a la Zona Franca Rodríguez de Castro, puso en su conocimiento la existencia de 'los famosos sobresueldos' que no se declaraban a Hacienda durante la etapa socialista. Según el relato del comité, el delegado del Estado 'no le dio importancia' al asunto porque ya 'estaban regularizados ante la hacienda pública'. Esa comunicación fue recogida en la auditoría de Arthur Andersen de 1996, encargada, firmada y editada, un año después, por el actual delegado, quien ha presentado hace unas semanas el asunto de los sobresueldos como el fruto de una investigación reciente. El comité opina que la actitud del delegado 'no es ética'.