El fiscal pide que el 'caso de los 5.000 millones' se siga desde Madrid

El fiscal Anticorrupción Jaime Sánchez Junco presentará hoy un recurso de reforma contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo de remitir a los juzgados de Marbella la querella contra Jesús Gil por el presunto desvío de 5.000 millones de pesetas de fondos municipales a través de facturas falsas.

En caso de que no sea aceptada su petición, la Fiscalía tiene la posibilidad de apelar ante la Sala de lo Penal para que sea la Audiencia Nacional la que instruya la causa, en la que están imputados Gil y dos de sus hombres de confianza, José Luis Jiménez y Juan Antonio Roca, por malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento marbellí, Isabel García Marcos, cuya personación fue aceptada el jueves por el instructor, comentó ayer que el juez 'se ha precipitado' al remitir las diligencias a Marbella, ciudad en la que, aseguró, 'no se dan las condiciones ambientales para poder trabajar con la objetividad que se exige a los tribunales'. García Marcos recordó las presiones a las que se vio sometido el instructor del caso Atlético. 'Confiemos en que haya algún juez capaz de encerrarse en su casa, aguantar los insultos y amenazas de Gil y a pesar de todo intentar aplicar la Ley', apuntó.

El juez Juan del Olmo rechazó la instrucción de la querella presentada el 8 de febrero por la Fiscalía Anticorrupción contra Gil al entender que la Audiencia no es competente para investigar los delitos denunciados, al tratarse de una supuesta malversación constreñida al Ayuntamiento de Marbella.

Disolver la corporación

Por otro lado, García Marcos anunció que el PSOE de Marbella ha iniciado un estudio jurídico sobre la posible disolución de la Corporación municipal de Marbella. La portavoz socialista reconoció que las anomalías que recoge el informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del Ayuntamiento y las sociedades municipales durante los diez años de gobierno de Gil justifican plantearse la adopción de esta medida, que trasladarán al Parlamento andaluz. 'No es posible mayor caos que el que tenemos. Al Capone se habría llevado menos', subrayó.

Según García Marcos, el Ayuntamiento al completo es responsable de las continuas y graves irregularidades cometidas en las tres legislaturas que ha presidido el GIL: 'Aquí se han transgredido todas las normas del Estado y hay una Corporación entera implicada, tanto el equipo de Gobierno como una oposición que, por no tener representatividad, no ha servido para nada a pesar de las denuncias'.

La edil añadió que debe ser Anticorrupción, y no el Fiscal General, quien separe e investigue 'una por una' las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, para después remitirlas individualmente a los tribunales ordinarios. 'Así se evitará que esto quede en nada', dijo.