Asuntos Sociales critica a los jueces por su escasa protección a las mujeres maltratadas

Dancausa se muestra satisfecha de los resultados del primer Plan de Acción contra la Violencia Doméstica (1998-2000), pero reconoce que 'no todas las medidas se aplican en la medida en que debieran'. Señala sobre todo hacia los jueces: 'No aplican masivamente una medida como el alejamiento físico del agresor cuando existen indicios de riesgo para la víctima'. Esta posibilidad figura entre las reformas normativas (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) aprobadas en 1999. También incluyeron la tipificación de la violencia psíquica como delito o la posibilidad de perseguir de oficio las faltas por malos tratos.

Además, la responsable de Asuntos Sociales pide a los jueces 'mayor rapidez y eficacia' ante las denuncias de violencia doméstica. Igualmente, considera necesaria una mayor unidad de criterio que evite la disparidad de las sentencias judiciales sobre esas cuestiones.

Impunidad sostenida

'Al iniciarse el plan, la impunidad de los agresores era absoluta. Aunque se ha mejorado en la aplicación de las medidas coercitivas, sigue habiendo situaciones de impunidad', afirma la secretaria general de Asuntos Sociales. Está pendiente del informe sobre el tratamiento judicial a la violencia doméstica que prevé aprobar en los próximos días el Consejo General del Poder Judicial. 'Será muy positivo. Abrirá la puerta a la introducción de cambios normativos que se incluirán en el nuevo plan', asegura.

Dancausa respalda algunas propuestas del consejo ya difundidas, como la reforma del Código Penal para que se castiguen como delitos las agresiones familiares no habituales. Ahora se consideran faltas (ver EL PAÍS del 3 de febrero). 'De todas formas, hay que estudiar si eso es, o no, viable, debido a que hay que respetar la proporcionalidad de las penas', puntualiza.

Otro paso necesario, según Dancausa, es una mayor coordinación entre las causas penales y las civiles, ya que gran parte de los casos de malos tratos, sobre los que entiende la justicia penal, se producen en situaciones vinculadas a la separación (trámite de la vía civil). El informe del Consejo General del Poder Judicial considera 'imprescindible' articular la conexión entre ambas jurisdicciones. Además, la responsable de Asuntos Sociales propone que los jueces de guardia puedan dictar medidas cautelares inmediatas, una posibilidad que también plantea el consejo.

Otra asignatura pendiente del plan finalizado es el aumento de la coordinación con las comunidades autónomas, señala Dancausa. El programa, con seis áreas de actuación (prevención, educación, sanidad, legislación, investigación y recursos sociales) ha contado con un presupuesto de 8.941 millones de pesetas. La mayor parte se ha dedicado a crear casas de acogida y, en segundo lugar, a financiar los programas de organizaciones no gubernamentales (cerca de 1.500 millones). El nuevo plan aún no tiene presupuesto fijado. 'No será superior, sino en todo caso igual al anterior, porque ya están hechas las infraestructuras', puntuliza la secretaria general de Asuntos Sociales. El programa ya culminado ha permitido ampliar los servicios de atención en juzgados, comisarías y cuartelillos.