Marruecos se resiste a acoger a los 'niños de la calle' que rechazan la tutela de Justicia

De Gispert se comprometió a llevar a estos chicos a Marruecos después de localizar a su familia, subvencionar sus estudios y encontrarles posteriormente un trabajo en Cataluña para así concederles la residencia. E incluso a ayudar a la construcción de un centro de formación profesional en Marruecos.

Pero ni por esas: Omar Azziman no ha querido responsabilizarse de unos niños que ya no viven en su país y que en muchas ocasiones se dedican al pillaje o consumen drogas. El ministro de Justicia marroquí tan sólo se ha comprometido a estudiar el expediente de 10 de ellos, cinco con problemas de salud, tanto físicos como psíquicos, y de otros cinco siempre que se tenga la seguridad de que su familia todavía reside en Marruecos. Después, se verá. De Gispert no pierde el optimismo y cree que en dos meses habrá una solución. La Generalitat lleva casi un año intentando negociar con las autoridades marroquíes.

Núria de Gispert ha contactado con una empresa marroquí instalada en Tánger que colabora con una organización no gubernamental que acaba de construir un centro de rehabilitación de 50 plazas. La consejera sugiere que parte de los niños de la calle procedentes de Barcelona podrían ingresar en este centro.

La problemática de los niños de la calle se planteó en el otoño de 1998 e inicialmente la Generalitat negó la realidad. Meses después se empezó a elaborar una política de actuación consensuada con el Ayuntamiento de Barcelona, al que el Departamento de Justicia había solicitado que se implicase más en un problema cuya competencia dependía de la Administración autonómica.

Como fruto de esa actuación y de las críticas recibidas desde varios sectores, entre ellos el Síndic de Greuges, se logró un pacto institucional que preveía el incremento de los servicios sociales y la apertura de un centro para atender a los jóvenes. Pero la realidad demostró que no era suficiente porque de los 370 o 380 niños que deambulan por las calles de Barcelona, entre 50 y 70, según la época del año, rechazan cualquier ayuda que se les ofrece y prefieren vivir a la intemperie. Eso motiva que muchas veces acaben delinquiendo y, tras ser detenidos por la policía, ingresen en un centro de la Generalitat.

Pero su estancia en esos centros oficiales dura muy pocas horas, porque se escapan enseguida y vuelven a la calle. Con la ley del menor que está vigente en Cataluña, la Generalitat no puede retenerlos en contra de su voluntad, por lo que el Gobierno catalán está preparando una reforma para corregir esa situación. Al margen de eso, Justicia ha firmado convenios de colaboración con varias entidades privadas y ha impulsado iniciativas para que los menores que se resistan puedan regresar a su país. Sólo falta el apoyo de las autoridades de Marruecos.