El fiscal achaca a fallos de seguridad un accidente laboral mortal en Álava

Los procesados son el gerente de la empresa subcontratada por la adjudicataria de los trabajos encargados por Renfe, I.M.G., y el encargado de la obra, R.J.R. El fiscal pide en conjunto para ambos tres años de cárcel y 20 millones de pesetas de indemnización, mientras que la acusación particular demanda más de seis años y 42 millones para los herederos del operario.

La argumentación de ambas acusaciones es similar. La víctima, Antonio Guerrero, desarrollaba su actividad a pocos metros de la línea férrea en el término municipal alavés de San Millán sin que hubiera señalizaciones por medio de cintas sobre el peligro existente. Tampoco estaba definida una zona de paso a través las vías, no existía un plan de evaluación de riesgos, ni los trabajadores contaban con una formación específica. La propia inspectora de Trabajo ratificó estas apreciaciones.

Sin embargo, las versiones ofrecidas por los testigos sobre el accidente mostraron notables diferencias. Los compañeros del fallecido destacaron que era frecuente que los operarios atravesaran los raíles de manera descontrolada y que hasta que se produjo el atropello mortal nadie había colocado cintas señalizadoras en la zona. Algunos de ellos indicaron que llegaron a avisar a gritos a la víctima de la llegada del tren, pero Guerrero no se apercibió del peligro.

Tanto los dos acusados como sus letrados señalaron que no era necesario establecer medidas extraordinarias de seguridad, ya que la zanja donde se desarrollaba la actuación de los empleados estaba fuera del área mínima establecida por normativa en tres metros. Pusieron de relieve que existía a unos cien metros un paso a nivel que podía ser utilizado sin correr riesgos, y que el encargado de la obra había alertado con anterioridad al fallecido para que no atravesara las vías.

El conductor del Talgo testificó que, después de 18 años de realizar esa ruta, era la primera vez que utilizaba la vía impar en vez de la paralela, lo que pudo confundir al empleado fallecido, quien ni siquiera se dio la vuelta cuando se acercaba el ferrocarril.

El juicio quedó ayer visto para sentencia después de que las defensas de los acusados, empresas y aseguradoras defendieran la inocencia de los dos encausados y demandara su libre absolución.

[La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso el año pasado 345 multas a empresas en Euskadi por accidentes laborales, de ellas 109 con recargo, por un importe total superior a los 192 millones de pesetas. En Navarra, el número de multas se elevó a 139 (de ellas, 89 con recgargo) por más de 84 millones, según informa la agencia Efe].