Colombia confía en que el acuerdo con las FARC permita esta vez acabar con la guerra

La reanudación de las conversaciones suspendidas el 14 de noviembre por la guerrilla, aduciendo que el Ejecutivo no combate decididamente a los paramilitares, fue el resultado más tangible de la cumbre sostenida el jueves y el viernes por el presidente, Andrés Pastrana, y el jefe máximo de las FARC, Manuel Marulanda, Tirofijo. Los dos dirigentes, y sus más estrechos colaboradores, acordaron la creación de comisiones de seguimiento y mecanismos de verificación que aceleren el intercambio de prisioneros, impidan un nuevo bloqueo del proceso, logren avances del derecho humanitario y acuerdos palpables contra el paramilitarismo, los secuestros, el reclutamiento de menores o los ataques a la población civil.

'Es un hecho positivo. Colombia era una olla a presión', declaró Luis Eduardo Garzón, que aspirará a contender por la presidencia de Colombia el año próximo, al analizar el documento de 13 puntos firmado en la cumbre de Los Pozos, a 800 kilómetros de Bogotá, en el corazón de los 42.000 kilómetros cuadrados cedidos por el Gobierno a las FARC, en noviembre de 1998, para facilitar el diálogo de paz. Pastrana prorrogó hasta el 9 de octubre la vigencia de esa cesión, y una comisión tratará de certificar que esa geografía, equivalente a la extensión de Suiza, cumpla sus objetivos iniciales, esto es, facilitar las negociaciones, y no se convierta en la denunciada retaguardia donde las FARC se fortalecen militarmente, forjan negocios con el narcotráfico y ocultan a los secuestrados.

El liberal Horacio Serpa, también presidenciable, celebró el nuevo acercamiento político porque 'se va dialogar muy en serio sobre fórmulas para confrontar el paramilitarismo y conseguir el desescalamiento de la guerra'. Pastrana y Marulanda resucitaron la opción política, un logro nada desdeñable en un país donde las armas imponen su lógica desde hace decenios, y la mesa de negociación se reunirá tres veces a la semana. No obstante, la consecución del ansiado cese del fuego y de las hostilidades, el meollo del conflicto, es un desafío todavía en la luna. Dentro de ocho meses, Colombia entrará en precampaña electoral, y es previsible que el ruido y el oportunismo políticos resten sosiego y curso a las laberínticas conversaciones, cuya nueva fase deberá reanudarse este miércoles.

Los acuerdos de Los Pozos, un cúmulo de vaguedades para el analista Bernardo Gutiérrez, alumbraron la formación de un grupo de notables que formulará recomendaciones contra las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), unos escuadrones de extrema derecha, con 8.150 hombres entre sus filas, que en su bárbara lucha contra la guerrilla sembraron de cadáveres civiles el suelo colombiano. El Gobierno y las FARC, con más de 16.000 miembros y un poco menos reticentes al desembarco de observadores extranjeros, invitaron a la comunidad nacional e internacional a sumarse al proceso.

Incredulidad

Los incrédulos, y los opositores a las concesiones a la guerrilla, entre ellos el derechista liberal Álvaro Uribe, niegan al Gobierno facultades para negociar con un grupo ilegal, las FARC, el destino de otro también proscrito: los paramilitares. 'No estoy de acuerdo con negociar con un actor irregular la política contra el otro [irregular]', manifestó Uribe, otro de los hombres que preparan su candidatura a la jefatura de Gobierno en las elecciones de junio de 2002.

El general retirado Harold Bedoya, encuadrado en la línea dura, despreció los resultados de la cumbre porque 'todo sigue siendo un catálogo de buenos deseos, de buenas voluntades, que se va a hablar de cese de hostilidad cuando ya llevamos prácticamente dos años y medio y esto no se ha concretado en nada. Estamos en las mismas'. El ex jefe militar, derrotado aspirante a la presidencia, pronostica que la nueva prórroga de la zona bajo control de las FARC conducirá a la consolidación 'del Estado de Tirofijo, del Estado criminal que nos está destruyendo a todos. Realmente no he podido descubrir algo que tranquilice a los colombianos'.