El Gobierno anuncia que en 2002 habrá completado el proceso de transferencias de Sanidad
La gestión de la sanidad se transferirá a las diez comunidades que todavía no la tienen en 2002. Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja -que reúnen el 40% de la población española- gestionarán entonces más de 1,5 billones de pesetas, el 40% del presupuesto actual del Sistema Nacional de Salud.
Las negociaciones entre el Gobierno central y los autonómicos comenzarán a mediados de febrero, según anunciaron ayer el presidente del Insalud, Rubén Moreno, y el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga. Moreno destacó la importancia económica de esta partida, que absorbe 'entre el 21% y el 36%' del presupuesto de las comunidades que ya tienen la Sanidad transferida.
Junto con los fondos, las comunidades recibirán la gestión del personal (134.000 trabajadores), los hospitales (79) y los centros de salud (unos 1.100). El reparto de estos activos parece claro (cada uno en función de su ubicación). Sobre el dinero, el presidente del Insalud indicó que, aunque habrá que negociarlo, se hará principalmente según el número de habitantes.
Moreno destacó que sería un 'error' que cada comunidad quisiera disponer de todos los servicios, como unidades de transplantes o de cirugía cardiaca. Ello supondría una 'peor atención' de los pacientes, señaló. Los enfermos que necesiten estos tratamientos en regiones donde no haya un centro preparado para ofrecerlo los recibirán en otra comunidad. Habrá que pactar las correspondientes compensaciones económicas entre regiones para que quien preste el servicio lo cobre.
El nuevo Ministerio de Sanidad que quedará una vez se completen las transferencias asegurará que la atención básica sea igual en todo el territorio. Las comunidades podrán añadir servicios, como ya ha hecho Andalucía al financiar el cambio de sexo. Moreno restó importancia a las desigualdades entre regiones que esta capacidad pudiera suponer al indicar que las prestaciones mínimas garantizadas son muy amplias, y dejan poco margen para la diferenciación.
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