Varios abogados de Vitoria piden al CGPJ que proteja a sus clientes

Un grupo de abogados de Vitoria anunciaron ayer que van a recurrir ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y si es necesario ante el Tribunal Constitucional, el acuerdo gubernativo del juez decano de Vitoria, Jesús Alfonso Poncela, que permite al Colegio de Abogados de Álava mantener su base de datos que da acceso a los casos que llevan todos los letrados y a sus clientes. El titular del decanato cree que esa base de datos y su uso por el servicio de inspección del Colegio de Abogados no vulnera la Ley de Protección de Datos.

En todo caso, el juez deja una puerta abierta a que sean los propios clientes quienes 'prohíban expresamente' la utilización de sus datos por medio de escritos firmados. Se da la circunstancia de que varios clientes del abogado Andrés Garrido ya han firmado y presentado en el juzgado escritos que 'prohíben de forma expresa' el empleo de sus datos para fines ajenos al procedimiento judicial en curso, pero de momento no han sido considerados.

El colegio dispone de una base informática que conforma a través de los bastanteos. Ese concepto es en realidad una tasa de intervención profesional que en el caso de Vitoria revierte en la financiación del propio colegio y que se paga por cada escrito que entra en los juzgados. Cuanto mayor es la demanda económica a la otra parte, más tasa se paga, aunque no hay un ajuste posterior si la indemnización es menor de la solicitada o si no la hay. Una resolución contraria a ese sistema, que ya pone en cuestión la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil al eliminar los bastanteos, obligaría al Colegio de Abogados a cambiar sus métodos de financiación. Por este sistema recauda el 30% de sus ingresos.

Derecho fundamental

En cada recibo de bastanteo figuran datos como el nombre del abogado y del cliente, además del de la parte contraria y el procedimiento en el que ambos se hallan inmersos. El Tribunal Constitucional es absolutamente taxativo en varias sentencias dictadas en diciembre de 2000 y enero de 2001. El magistrado del Tribunal Supremo José María Alvarez-Cienfuegos Suarez comenta en un artículo estas últimas sentencias y asegura: 'El derecho a la protección de datos se convierte en un derecho fundamental básico e imprescindible para obtener el reconocimiento y la protección de otros derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales en sentido estricto'. En otro punto explica que el afectado tiene derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y a 'oponerse a dicha posesión mediante la rectificación o cancelación de los mismos'.

Por todo ello, la docena de abogados de Vitoria que recurrieron ese sistema al juez decano va a elevar al CGPJ un nuevo recurso con el que buscan una mayor protección de la información referida a sus clientes y evitar una posible filtración de la base de datos que convertiría en públicos datos sensibles y privados.