La izquierda emplaza al Gobierno a hablar cuanto antes con los funcionarios

Los grupos parlamentarios de la izquierda tomaron ayer un camino muy diferente al emprendido por el Gobierno, el PP, CC y los empresarios, cuyos argumentos en contra de la sentencia se inscriben en la defensa del Estado de derecho, de la separación de poderes y de la competencia exclusiva del Parlamento para legislar y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. 'Nadie quiere poner en duda el Estado de derecho, ni poner en peligro las cuentas del Estado, ni cuestionar las competencias del Parlamento. Se trata de restituir a los funcionarios públicos de aquello que no percibieron por la ruptura unilateral del Gobierno de un acuerdo del anterior Gobierno de España con los sindicatos', señaló el portavoz parlamentario socialista de Administraciones Públicas, Ángel Martínez Sanjuán, después de presentar una proposición no de ley, al tiempo que hacían lo mismo los representantes de IU e Iniciativa per Catalunya, Antero Ruiz y Joan Saura, respectivamente.

CiU y PNV también piden la negociación con los sindicatos, aunque los nacionalistas catalanes estarían a favor de agotar las posibilidades de recurrir la sentencia y, si no es posible, el diálogo. Por contra, CC, que junto con CiU apoyó los Presupuestos de 1997 con la congelación salarial, coincidió ayer con las tesis del PP.

Los socialistas instan al Gobierno en su proposición no de ley 'a cumplir en sus términos la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, que obliga al incremento retributivo de los empleados públicos, correspondiente a 1997, más las cantidades dejadas de percibir durante los años sucesivos'. A continuación piden al Ejecutivo 'abrir la Mesa General de Negociación con los sindicatos para la realización de una efectiva negociación sobre materia retributiva con efectos a la fecha en que la misma debió producirse, restableciendo así el derecho de negociación colectiva recogido en la ley 7/1990 de 19 de julio. Por último, habilitar las medidas presupuestarias para el cumplimiento de la sentencia'.

Los socialistas se consideran absolutamente 'responsables', por lo que no pedirán al Ejecutivo el pago inmediato de esa cantidad, que cifran en un billón de pesetas, aunque ayer fue un día de recordatorios. Por ejemplo, la enmienda que presentaron en 1996 a los Presupuestos, solicitando una subida del 2,6% para los empleados públicos. 'Ustedes han provocado la ruptura de un acuerdo vulnerando el principio de sucesión en las obligaciones contraídas en la ley 7 / 90, obviando la base legal existente que obliga a respetar un acuerdo', decía el hoy portavoz socialista Jesús Caldera, miembro de la dirección del Grupo Parlamentario, el 4 de noviembre de 1996, cuando defendió sin éxito en la Comisión de Presupuestos que el Gobierno rectificara y no congelara el sueldo de los funcionarios.

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió ayer al Gobierno que 'deje de deslegitimar al poder judicial', y sugirió un plazo de cuatro años para ir restituyendo a los funcionarios lo que se les adeuda. Asimismo, pidió al Ejecutivo que 'aborde una ley para la negociación colectiva en la función pública'.