Los madrileños interpusieron el año pasado 5.015 demandas de desalojo

Aunque la cifra de lanzamientos (familias expulsadas de sus casas por orden judicial) registrada en 2000 es de 1.817, el número de demandas de desahucios es superior.

El año pasado, los jueces recibieron algo más de 5.000 demandas de ciudadanos y bancos que pedían desahuciar a un inquilino por impago del alquiler o la hipoteca, según datos de los juzgados de Madrid. De esas 5.000 demandas se ejecutaron finalmente 1.817; aunque otras, pese a ser del año pasado, siguen aún pendientes de ejecución y otras se han denegado por los jueces. Los desahucios se dictan siempre a instancias de los acreedores (bancos y arrendatarios de pisos, fundamentalmente).

Acreedores

En un 7% de los casos, los afectados son familias cuya situación económica ha variado repentinamente y no pueden hacer frente a la hipoteca: los bancos, acreedores principales de estas personas, ejecutan la hipoteca y terminan quedándose con la vivienda, que luego venden a terceros.

En tres de cada siete desahucios hipotecarios (los que ejecutan los bancos), la situación de los afectados suele ser muy dramática: son padres de familia, con hijos, que se embarcaron un día en la hipoteca y que pierden su trabajo. La consecuencia es que acaban perdiendo sus casas y, además, todas las cuotas mensuales pagadas del crédito hipotecario que pidieron para adquirirla.

La angustia de estas familias crece aún más cuando ven que sus pisos, parcialmente pagados, caen finalmente en manos de los subasteros, el clan que merodea por los juzgados y cuyos miembros se ponen de acuerdo para acaparar los pisos a un precio inferior al de mercado sin hacerse competencia entre ellos.

Tras firmar una sentencia de desahucio, la ley fija un máximo de 10 días para desalojar a una familia, y 15 si se trata de un local comercial. Los jueces de Madrid, si se trata de una familia sin medios, suelen demorar ese plazo, por término medio, hasta un mes, para evitar que los desahuciados se queden en la calle con sus hijos.

Fuentes jurídicas aseguran que, aunque es doloroso echar a una persona de una casa, no se debe olvidar al dueño, que a lo mejor depende de cobrar el alquiler para pagar su propia hipoteca.