1.800 familias fueron desahuciadas por los jueces el año pasado al no poder pagar sus casas

El descenso de los lanzamientos (término jurídico que significa echar a alguien de la vivienda que ocupa) ha sido progresivo en los últimos años debido a la mejor coyuntura económica. En 1998, los impagos de la hipoteca o del alquiler dejaron a 5.280 familias sin techo; y en 1995, a cerca de 8.000 sin vivienda, según los datos obtenidos por los juzgados madrileños de la plaza de Castilla.

Según fuentes judiciales, las familias que se quedan a la intemperie y sin tener adonde ir tras la orden de desalojo son las menos. Las citadas fuentes calculan que la cifra de casos realmente dramáticos en Madrid ronda el 3% y que, en algunos de estos supuestos, la responsabilidad cabe atribuirla a padres que no se preocupan siquiera de buscar un trabajo o acudir a los servicios sociales del Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid para que faciliten un techo a sus hijos.

Con todo, los propios funcionarios judiciales que, a instancias de los jueces, ejecutan los lanzamientos están 'muy sensibilizados' con el problema y son los primeros en avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid cuando ven que se aproxima el desahucio y que la familia afectada se queda sin su hogar.

En muchos casos, los desahuciados son 'personas muy mayores' con problemas mentales. Ancianos con pensiones de poco más de 40.000 o 50.000 pesetas, que han vivido desde siempre en una vivienda de renta antigua y que, al revalorizarse el alquiler, no pueden afrontarlo. Y los arrendadores, deseosos de recuperar la vivienda, 'buscan buenos abogados y finalmente la consiguen'.

'A veces surgen auténticos problemas para lanzarles; son personas que no entienden que les echen de la casa en la que han vivido toda su vida', señala una funcionaria del servicio de notificaciones y embargos de los juzgados de la plaza de Castilla. 'Lo cierto es que nosotros, aunque intentamos ayudarles, nos limitamos a cumplir la orden judicial; y los jueces, la ley; pero no somos ningunos cocos', agrega la citada funcionaria, y añade: 'Algunas veces intentamos aplazar en lo posible el desahucio hasta que el afectado recibe ayuda o encuentra otra morada'.

'Más coordinación'

Desde los juzgados de Madrid se reclama una mayor coordinación entre las administraciones implicadas para dar una salida eficaz a las familias con hijos que se quedan sin casa y necesitan un techo sin demora.

Las siete comisiones judiciales (cada una con dos integrantes) que se encargan en Madrid de los lanzamientos suelen ir acompañadas de agentes policiales por si hay que emplear la fuerza para cumplir la orden judicial.

No obstante, 'casi nunca es necesario acudir a la fuerza; los afectados comprenden la situación y se marchan', señalan fuentes del servicio de notificaciones y embargos de los juzgados, situado en la primera planta del edificio judicial de la calle de Capitán Haya.

Aunque hay casos especialmente dramáticos (muchos de ellos protagonizados por familias numerosas de inmigrantes), no falta tampoco 'la pillería ni los caraduras'. Son personas que a conciencia sólo pagan un mes de alquiler, porque no tienen otro remedio, se instalan en viviendas más o menos lujosas y viven gratis en ellas basándose en supuestas insolvencias. Las fuentes consultadas aclaran que es difícil echarlas de la casa, porque suelen emplear todo tipo de argucias para eludir el desahucio.

Los pícaros se amparan en la lentitud que suele acompañar este tipo de procedimientos judiciales y, en el mejor de los casos, sólo se marchan de la vivienda cuando ven a los agentes de los juzgados acompañados de los efectivos policiales y con la orden de desahucio en la mano.

Posteriormente, repiten la misma estategia en otro piso, y así sucesivamente, según fuentes jurídicas. 'En cambio, otros inquilinos no se van simplemente porque no quieren; se les acaba el contrato y siguen pagando el alquiler como si el contrato estuviese vigente. Sólo se van cuando les echamos; resisten hasta el último momento', afirman los citados medios judiciales.

Juez decano

El juez decano de Madrid, Fernando Fernández Martín, mantiene desde hace años un convenio con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para facilitar un techo a las familias más necesitadas sobre las que pese una orden de desahucio.

En el citado convenio se establece que el Ayuntamiento de Madrid ceda el suelo, y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente de la Comunidad, disponga siempre de un centenar de viviendas para cubrir las necesidades más urgentes de las familias desahuciadas con menos recursos. Con estas viviendas se da cobijo, aunque sea temporal, a las familias más necesitadas.