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UNA SENTENCIA HISTÓRICA

La Audiencia Nacional anula la congelación salarial aplicada por el PP a los funcionarios en 1997

El Gobierno de Aznar incumplió un pacto a tres años firmado por el Gabinete socialista

La Audiencia Nacional ha proporcionado un duro varapalo al Gobierno del PP. La sentencia del tribunal afecta a una de las primeras decisiones que tomó el Gabinete de Aznar, dirigida a controlar el gasto público, y anula la congelación salarial que aplicó a dos millones de empleados públicos con efectos para 1997. El Ejecutivo incumplió entonces un pacto con vigencia para tres años firmado por el Gabinete socialista con los sindicatos, y que preveía un aumento en los sueldos de ese colectivo del 2,6%. Ahora debe pagar esa deuda, estimada en medio billón de pesetas, incluido su efecto en años posteriores. El PSOE calificó ayer de 'cacicada' la congelación que aplicó el Ejecutivo de Aznar.La Audiencia Nacional ha proporcionado un duro varapalo al Gobierno del PP. La sentencia del tribunal afecta a una de las primeras decisiones que tomó el Gabinete de Aznar, dirigida a controlar el gasto público, y anula la congelación salarial que aplicó a dos millones de empleados públicos con efectos para 1997. El Ejecutivo incumplió entonces un pacto con vigencia para tres años firmado por el Gabinete socialista con los sindicatos, y que preveía un aumento en los sueldos de ese colectivo del 2,6%. Ahora debe pagar esa deuda, estimada en medio billón de pesetas, incluido su efecto en años posteriores. El PSOE calificó ayer de 'cacicada' la congelación que aplicó el Ejecutivo de Aznar.

Una sentencia de la Audiencia Nacional ha anulado la congelación salarial aplicada por el Gobierno del Partido Popular en 1997 a los funcionarios públicos. Con ello, el tribunal desautoriza una de las primeras decisiones de política económica adoptadas por el Partido Popular a su llegada al poder, y que se dirigía a reducir el gasto público.

El fallo de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional se dirige expresamente contra la resolución del ministro de Administraciones Públicas -en ese momento el ahora vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy- de 19 de septiembre de 1996 por la que se aplicó una congelación salarial para los empleados públicos con efectos para el año 1997.

El texto del tribunal, en un auto sin precedentes, establece el derecho de los empleados públicos a que se cumpla el pacto de septiembre de 1994, firmado por el Gobierno del PSOE con los sindicatos, y con vigencia para 1995, 1996 y 1997. En él se recogía el compromiso de aplicar un alza salarial igual a la inflación prevista (el 2,6% en 1997) que el PP no hizo efectiva al llegar al poder. El fallo es favorable a un recurso de la Federación de Enseñanza de CC OO, que calcula en medio billón de pesetas lo que debe pagar ahora el Gobierno, ya que tiene efectos para los dos millones de empleados públicos.

A pesar de que el fallo dice que 'no cabe recurso de casación', el Ministerio de Administraciones Públicas, que recibió en la tarde de ayer la sentencia, manifestó que 'ante la trascendencia de este pronunciamiento jurisdiccional y previo el parecer de la Abogacía General del Estado, se han dado instrucciones al servicio jurídico ante la Audiencia Nacional a fin de que interponga el oportuno recurso de casación por entender que la sentencia trasciende a una mera cuestión de personal, en cuyo caso no cabría el recurso'.

Reunión de urgencia

Asimismo, un grupo de altos responsables de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas se reunieron anoche para analizar los detalles del fallo judicial. Fuentes de Hacienda manifestaron que se estudian 'todas las posibilidades' sobre una solución a las numerosas incógnitas que se abren tras la decisión de la Audiencia Nacional.

Según el criterio de estos departamentos, se desconoce el número exacto de personas a las que afecta la resolución judicial y el importe que debe desembolsar el Estado y, en su caso, el resto de administraciones públicas.

No obstante, el tribunal 'ordena a la Administración que proceda a llevar a efecto, en el menor plazo posible, negociaciones sobre el incremento retributivo previsto, con efectos al año 1996, momento en que dicha negociación debió producirse'. El tribunal deja claro que la Constitución 'otorga fuerza vinculante al acuerdo de 15 de septiembre de 1994, sin que el mismo pudiese ser modificado unilateralmente por las partes en la negociación'.

La sala, presidida por el magistrado Fernando Delgado y compuesta por Mercedes Pedraz, José María del Riego (que presenta un voto particular), Concepción Mónica y Santiago Pablo, declara 'no ajustada a derecho la resolución impugnada' y en consecuencia la anula declarando 'el derecho de los funcionarios incluidos en el ámbito del acuerdo de 15 de septiembre de 1994 a percibir el incremento en su retribución, según la previsión presupuestaria del crecimiento del IPC en 1997 [2,6%], más las cantidades dejadas de percibir durante los años sucesivos como consecuencia de la inaplicación del señalado incremento'.

El texto íntegro de la sentencia de se puede consultar en El País Digital (www.elpais.es).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de enero de 2001