Francia: 163 vacas enfermas el año pasado y un plan de 40.000 pruebas semanales

La mayor parte de lo que ocurre en España con la crisis de las vacas locas se ha vivido ya en Francia. Desde la psicosis nacional y la caída en el consumo de carne, hasta las protestas de ganaderos y matarifes desesperados por la evaporación de sus negocios. Pero hay una diferencia apreciable: la respuesta de las autoridades. El Gobierno francés cogió el toro por los cuernos, tomó decisiones drásticas y el primer ministro dio personalmente la cara, acuciado por la opinión pública y aguijoneado por el propio presidente de la República. Muchas de las medidas han podido ser precipitadas, pero, de momento, el ambiente de crisis se ha calmado.

Francia lleva descubiertos 248 casos de vacas locas desde 1991. El ritmo, muy lento en los primeros años, se aceleró en 1999 con el hallazgo de 30 reses enfermas, y se disparó con las 162 descubiertas el año pasado. La acumulación de casos atizó la preocupación popular, pero los especialistas creen que la clave para contener la enfermedad no son las medidas más recientes, sino la prohibición, en 1996, de que los despojos de bovinos considerados como potencialmente infecciosos pasaran a la cadena alimentaria.

Esto es lo que frenó una verdadera epidemia. Así lo piensa Martin Hirsch, director de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, quien espera ver confirmada la eficacia de esa medida a lo largo de este año. 'Habida cuenta de la duración media de incubación de la enfermedad, que es de cinco años, este año veremos si las medidas de 1996 se traducen en una inflexión sensible en el número de casos', explica. También será un año clave 'para observar si las señales de alerta sobre la evolución epidemiológica de la variante humana (enfermedad de Creutzfelt Jacob) se confirman en el Reino Unido'.

Por eso las autoridades francesas, y sobre todo su ministro de Agricultura, Jean Glavany, ironizaba sobre el 'aquí no pasa nada' que las autoridades españolas y alemanas mantuvieron a marchamartillo casi hasta el final de 2000. 'El que no busca, no encuentra', comentaba un colaborador del ministro, enfrentado a la gestión de una crisis interna de seguridad alimentaria que adquirió tintes espectaculares el pasado otoño.

Hasta entonces, el Gobierno había conducido un programa de pruebas reforzado, que incluía el sacrificio del rebaño completo en el que hubiera aparecido una vaca enferma (¡más de 10.000 animales abatidos por esta causa en 2000!); y condicionaba la adopción de nuevas medidas a un dictamen científico pedido a la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria. Pero el pánico de la población hizo que el Gobierno prescindiera de científicos y de plazos. El primer ministro, Lionel Jospin, reunió un comité de crisis y anunció una cascada de decretos y órdenes, cuya ejecución se ha hecho con toda la eficacia que cabe esperar de la maquinaria administrativa francesa.

A todo ello se suma la prueba sistemática de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) a la totalidad de las reses de más de 30 meses sacrificadas para el consumo en Francia, iniciada desde el 1 de enero. En las dos primeras semanas del año se ha informado de la realización de 43.367 pruebas de este tipo, sin que ninguna de ellas haya dado positivo. Es el programa masivo más importante de la Unión Europea, iniciado unilateralmente por el Gobierno francés seis meses antes de lo previsto por Bruselas. El programa consiste en incrementar el ritmo hasta las 40.000 pruebas semanales. Lo cual exige un cuantioso esfuerzo económico: 500 francos (12.500 pesetas) por cada bovino sometido a la prueba, y un montaje operativo complejo: hay que esperar el resultado del test sobre cada res abatida antes de comercializarla.

En este contexto se ha producido el anuncio de que el coste de las pruebas no será soportado por los ganaderos, sino principalmente por los consumidores, a razón de un franco (25 pesetas) por kilo de carne. Medida que, al margen de las protestas de las asociaciones de consumidores, tiende a dar al consumidor la seguridad psicológica de que una carne sometida a la prueba es más segura... y 'un poquito más cara', en expresión del ministro Glavany.