Legionella en Alcoy, una epidemia anunciada

La epidemia de legionelosis en Alcoy ha venido a poner en evidencia una de las grandes deficiencias de nuestro sistema sanitario, el abandono en el que se encuentra la salud pública.

El franquismo acabó con una tradición salubrista que había alcanzado un gran desarrollo en el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, perduraron como reliquias del pasado unos cuerpos profesionales de médicos de sanidad nacional y de epidemiólogos del Estado, así como una red de médicos, de veterinarios y farmacéuticos titulares, que mantenían, con escasos medios, un trabajo profesionalizado en lo que hacía referencia a la salud pública, y los máximos responsables en esta materia eran estos profesionales.

Con la democracia y los gobiernos socialistas se inició un proceso de revitalización de la salud pública, que en nuestra Comunidad se concretó en la ampliación de los puestos de trabajo en la Administración autonómica, en la creación de una escuela de Salud Pública (IVESP) donde formarse y en la creación de centros de salud pública a nivel de área sanitaria.

Y así llegó el PP al gobierno de la Generalitat Valenciana y se encontró con unos centros de salud comunitaria o de salud pública, en los que trabajaban epidemiólogos, medioambientalistas, higienistas de los alimentos, expertos en salud laboral y en promoción de la salud y con laboratorios de salud pública relativamente bien dotados.

Pero, da la impresión de que el PP nunca ha entendido como necesarios estos servicios; que los problemas de salud de la población son planteados como problemas individuales cuya respuesta es médica, y de ahí que la asistencia hospitalaria, que siempre ha sido la que ha concentrado mayores recursos económicos, humanos y organizativos, se ha convertido en la única preocupación de nuestros gobernantes, sin que esto suponga la solución de los problemas de la misma. Y esta impresión se basa en la segregación de la sanidad ambiental a otra consejería, la congelación de la plantilla de epidemiólogos, la falta de directrices en higiene de los alimentos, la degradación de las tareas de inspección que antes hacían los médicos titulares, y lo más preocupante, que a nivel organizativo, la mayor parte de los máximos responsables técnicos de la salud pública han dejado de ser profesionales de la materia y estos puestos han pasado a estar ocupados por correligionarios del PP más preocupados de la política partidista que de la salud de los ciudadanos.

Y en estas estamos cuando se inicia el brote de legionelosis en Alcoy. ¿De qué base se parte para hacerle frente? En nuestra opinión, los responsables políticos desconfían de los salubristas, de los profesionales de la salud pública, y no entienden la necesidad de que los epidemiólogos, ¡esos fisgones!, sean los que dirijan las investigaciones. Y así, con las manos atadas, el epidemiólogo de área no puede atender a todos los problemas, en los servicios centrales no se da prioridad a esta epidemia, se cuenta con un refuerzo del Centro Nacional de Epidemiología, gracias a un programa de formación, pero éste finaliza en febrero de 1999, y mientras, los casos siguen apareciendo y no hay quien lo remedie. Sorprende que en toda la movida mediática sobre la epidemia no se haya oído una sola voz de los profesionales de la Administración responsables de su estudio y solución; que a nivel oficial, sólo hayan hablado los políticos y algún profesional externo a la Consejería de Sanidad y que por cierto no era epidemiólogo o salubrista. La duración de la epidemia y su desarrollo parecen confirmar que se ha confiado en la extinción natural de la epidemia, tal y como lo propugnaba el valedor técnico de la autoridad política sanitaria. Pero esta concepción es como volver a la Edad Media.

¿Alguien cuestiona que a un enfermo con síntomas de neumonía lo debe diagnosticar un médico especialista, contando con todos los medios asistenciales necesarios? Nadie. ¿Y por qué el diagnóstico de un brote de legionelosis no lo hacen los epidemiólogos que son los que tienen la formación adecuada para ello? Recordemos que la Epidemiología es la que estudia la distribución y los determinantes de los estados de salud en poblaciones específicas.

Cuando se trata de problemas de salud pública, los políticos tampoco pueden sustituir a los profesionales, no pueden desconfiar de ellos, no pueden manipular la información. La confianza de la población en los profesionales sanitarios sean clínicos o salubristas se basa en su credibilidad, y esta credibilidad no es posible sin autonomía y sin independencia.

La salud pública está descapitalizada. Los poderes políticos la han convertido en un reducto molesto de la Administración y así vamos muy mal.

Por el bien de todos debemos exigir al gobierno del PP profesionalización de la salud pública y más recursos humanos y materiales, porque con la salud no se juega.

C. González, J. Mayans y P. Moreno, en nombre del Colectivo Lluís Alcanyís.