La multinacional bananera Chiquita culpa de su inminente quiebra al proteccionismo europeo
Chiquita y su presidente, el multimillonario de Cincinnati Carl Lindner, han dedicado los últimos años a batallar contra las cuotas impuestas en 1992 por Bruselas sobre los plátanos cultivados en Latinoamérica que, según Lindner, han llevado a la empresa a una situación insostenible. Europa generaba, antes de ese año, más de la mitad de las ventas y beneficios de Chiquita.
Lindner ha financiado las campañas de los candidatos presidenciales (en 2000, repartió 800.000 dólares entre George Bush y Al Gore y, en 1996, hizo lo propio entre Bill Clinton y Robert Dole) y ha presionado con insistencia a Washington para que declarara una guerra comercial abierta contra la UE, con el fin de que el mercado europeo se abriera a sus plátanos. Hace unos meses, sin embargo, Clinton desistió de imponer sanciones y prefirió seguir negociando.
John McMillin, analista de inversiones de Prudential Securities, considera que la crisis de Chiquita se ha visto agravada por la debilidad del euro, que le ha impedido aprovechar sus cuotas de exportación a Europa, y por una expansión demasiado rápida de sus cultivos y su flota de buques en los años ochenta.
Lindner, cuya familia es el mayor accionista de Chiquita a través de la sociedad American Financial Group, intenta llegar a un acuerdo con sus principales acreedores antes de acogerse a la declaración de quiebra, que le permitirá suspender pagos y reestructurar una deuda a corto y medio plazo de 862 millones de dólares (153.000 millones de pesetas). La compañía seguirá funcionando y, según la dirección, los 4.000 empleados centroamericanos mantendrán su trabajo. La acción de Chiquita valía ayer poco más de un dólar, un mínimo histórico.
Chiquita insiste en que Washington debe actuar en su defensa, como solía hacerlo en el pasado. En 1954, cuando el Gobierno guatemalteco del reformista Jacobo Arbenz expropió las tierras no cultivadas de United Fruits para distribuirlas entre los campesinos, la multinacional bananera consiguió que el presidente Eisenhower encargara a la CIA un golpe contra Arbenz, durante el cual fueron asesinados 45 líderes sindicales. La empresa devolvió el favor a la agencia de espionaje estadounidense unos años después, aportando barcos para la fallida invasión anticastrista en Bahía Cochinos.
United Fruits fue sinónimo de corrupción y poder en las repúblicas bananeras centroamericanas, hasta el punto de que Wallace Booth asumió la presidencia en 1975 diciendo que prefería saber lo menos posible sobre el pasado. Booth sucedía a Eli Black, que se arrojó desde la ventana de su despacho en el piso 44 del rascacielos PanAm. Después se supo que Black había sobornado al presidente de Honduras con 1,2 millones de dólares (213 millones de pesetas).
Chiquita sigue ejerciendo hoy su poder sobre Centroamérica. Hace dos años, el diario Cincinnati Enquirer reveló que la empresa repartía sobornos en la región, utilizaba empresas fantasma para evadir las leyes y empleaba pesticidas de forma ilegal y peligrosa. Dos días después, el diario se plegó a las presiones de Carl Lindner y despidió al autor del reportaje, no porque éste contuviera inexactitudes, sino por haber sido obtenido 'de forma ilícita'. Ernst Stalinski, de la empresa frutícola irlandesa Fyffes, denunció en 1997 que Chiquita había pagado a policías hondureños para que le secuestraran.
