El Gobierno central aportará 2.000 millones al plan andaluz contra el mal de las 'vacas locas'

Las negociaciones entre el Ministerio y la Consejería andaluza para acordar cuánto dinero ponía cada Administración en el plan regional contra el mal de las vacas locas -las comunidades autónomas tienen las competencias exclusivas en agricultura y ganadería- han sido complejas. De hecho, el Ejecutivo andaluz ha sido el último en firmar el convenio de financiación con Agricultura.

A pesar de llegar a un acuerdo, Plata echó en falta más dinero del Gobierno central, y auguró que en las próximas semanas deberá incrementar su aportación. 'Con 20.000 millones La asignación de fondos que ha realizado el Gobierno central para el plan andaluz refleja casi exactamente el peso regional en la cabaña vacuna nacional (un 10% de los seis millones de cabezas computadas). Casi la mitad (1.020 millones) del dinero que inyectará el Ministerio de Agricultura corresponde a las compras de animales de más de 30 meses que no hayan sido sometidos a las pruebas de detección del mal para ser almacenados y sacrificados, una medida que es subvencionada al 70% por fondos comunitarios.

La Consejería y el Ministerio financiarán al 50% (620 millones cada una) las medidas de apoyo para la compra, retirada y destrucción de las harinas de carne (pienso que ya no puede utilizarse en la alimentación animal) de las ocho fábricas instaladas en la región. También asumirá cada Administración un tercio (347,6 millones) de los 1.040 millones que se dedicarán a la retirada y eliminación de vacas, cabras y ovejas muertas en explotaciones agrarias, otra de las iniciativas aprobadas por la Unión Europea para atajar la enfermedad bovina, que puede transmitirse a los humanos.

El plan andaluz prevé que la Junta asumirá la mitad del tercio restante, que corresponde en principio a los ganaderos. La Consejería de Agricultura, que espera una actuación similar por parte del Ministerio, pretende así evitar que los dueños de las vacas tengan incentivos para ocultar los cadáveres de sus reses y así no pagar. Plata quiere que las Administraciones también se repartan toda la financiación del programa destinado a la campaña de información y promoción del consumo de carne de vacuno (unos 100 millones de pesetas).

200 tests rápidos

El consejero de Agricultura indicó que, hasta el momento, se han realizado 200 tests rápidos de detección de la encefalopatía espongiforme bovina con resultado negativo (se han hallado ocho del mal de las vacas locas en Galicia, Castilla y León y Asturias) y que el plan andaluz (al que la Junta aporta 3.200 millones) garantiza a los consumidores que 'todo lo que va a la cadena alimentaria procedente de animales bovinos de más de 30 meses' ha pasado un análisis para comprobar que no tienen la enfermedad.

El convenio suscrito ayer incorporó a última hora algunas de las exigencias andaluzas. El Ministerio, a través de su empresa Tragsa, financiará 'con carácter complementario' el esfuerzo realizado por la Junta para contratar nuevos veterinarios para gestionar el plan; serán 24 millones más que se destinarán a los gastos de personal de los 117 veterinarios incluidos en el dispositivo diseñado por la Consejería. También se incorporaron otros 22 millones para los 'gastos derivados de la realización de tales pruebas correspondientes a material de laboratorio y a la toma de muestras'.

En lo que no varió la postura del Ministerio es en su rechazo a financiar las incineradoras o la adaptación de las fábricas de harinas cárnicas para eliminar los materiales específicos de riesgo (intestinos, ojos, médula espinal, encéfalo, amígdalas) y los cadáveres recogidos en las granjas. La Junta pretende que el Gobierno central, o en último caso la UE, aporte dinero para este programa. Hasta ahora, ante la ausencia de centros adaptados, el Ejecutivo autonómico (que gastará 1.104 millones en buscar soluciones regionales) debe mandar estos materiales a una planta de Castellón.