Salario social o caridad al submundo

El Parlamento vasco les pilla muy, muy lejos, a una distancia muy superior de la que miden los kilómetros. Por eso, el pasado 27 de diciembre no siguieron en detalle lo que allí ocurrió, aunque les afecta bastante a sus vidas cotidianas y les toca muy de cerca el bolsillo.

A Libertad -el nombre que una joven madre soltera elige para ocultar su identidad- y a Ana, que también tuvo una niña antes de lo que hubiese querido, lo mismo les da que el dinero que cada fin de mes reciben en sus cuentas de ahorro se llame IMI (Ingreso Mínimo de Inserción), como hasta ahora, o salario social, como ha pasado a denominarse a raíz de la aprobación de la Carta de Derechos Sociales, que la Cámara vasca aprobó ese día del mes pasado para sustituir a la Ley contra la Exclusión Social. Lo que realmente les importa a Ana, a Libertad, a Ruth, a Laura y al resto de las personas sin recursos es que la ayuda ha pasado de 50.815 pesetas a 63.082 pesetas. Si la familia cuenta con dos personas o más, la ayuda aumenta progresivamente.

'No es mucho, pero sí que ayuda a pagar facturas', explica muy vehemente Libertad en el rato que le queda desde que acaba un cursillo que empezó el mes pasado hasta que llega la hora de recoger a su única hija del colegio. Empezó a cobrar ayudas sociales cuando la niña nació hace cinco años. También Ana las cobra desde que nació su pequeña, que ya cuenta ocho años y medio. Ambas tienen 27 años. Ninguna de ellas sabe con certeza si este mismo mes recibirán el aumento previsto en la ley, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Explican que se han enterado del aumento por la televisión o a través de conocidos. Aunque las casi 13.000 pesetas de más paliarán la escasez, están lejos de solucinar sus problemas.

'Con el IMI no llegas a fin de mes; te tienes que encontrar algo por detrás', asegura Nuria, de 23 años. Ése por detrás quiere decir un trabajo en la economía sumergida, de los de muchas horas y escasa paga y sin que lo sepan los servicios sociales para no perder la ayuda mensual.

Nuria cobró el IMI desde que nació el primero de sus dos hijos, hace cuatro años. Tiene otro de dos años. Ambos viven ahora con otra familia bajo la protección de la Diputación vizcaína. Asegura que la engañaron y niega que les descuidara, como argumentaron los servicios sociales para apartarle de ellos. 'Dicen [desde la Diputación] que no es buena madre, pero todo es por no tener dinero', asegura una de sus compañeras. Libertad, Nuria y Ana empezaron el pasado diciembre un cursillo en Bilbao de animadoras sociocomunitarias. Confían en que les abra las puertas hacia un trabajo que les saque de la pobreza.

Ruth tiene 26 años, pero ningún hijo, lo cual hace que su situación sea muy diferente. Conoce todos los entresijos burocráticos que permiten el acceso a las ayudas sociales que suponen la renta básica. Su perfil no responde a la pobreza habitual: con estudios de Formación Profesional en la rama de Agropecuaria y experiencia en distintos colectivos sociales, la razón que le ha llevado a solicitar el IMI y el AES (Ayuda de Emergencia Social) es su voluntad de no depender de su familia, a pesar de encontrarse en el paro.

Después de cuatro años cobrando estas ayudas, su visión es más que negativa. 'Es una limosna que sólo sirve para mantenerte en un submundo, caracterizado por el trabajo sumergido, la imposibilidad de encontrar un empleo decente, la nula ayuda por parte de la Administración para salir de este ámbito y la pérdida de autoestima que se deriva de los comentarios de las asistentas sociales', comenta Ruth.

La situación que relata esta joven alavesa recuerda a la pescadilla que se muerde la cola. A lo largo de estos años ha tenido que rechazar trabajos de media jornada con contrato, porque uno de los requisitos de esta ayuda es que los nuevos ingresos, aunque sean escasos, se resten del total de la ayuda. 'Así que, si en la actualidad cobro 50.000 pesetas al mes, y consigo un trabajo con el que gano 40.000 con contrato, pues no lo acepto, y opto por la economía sumergida. Por eso, una vez que entras a cobrar ayudas sociales, sin tener experiencia laboral, es muy difícil integrarte en el mundo del trabajo', explica esta joven.

Frente a quienes consideran que estos subsidios son un chollo, Ruth expone con claridad cómo es su vida cotidiana: 'No sé lo que es ir a la peluquería, la ropa que tengo es toda regalada, vivo en un piso compartido que tiene un alquiler antiguo y no conozco lo que es la vida social que supone gastos, es decir, que no puedo ir a tomar unos refrescos con los amigos. Y todo esto, siendo como soy una privilegiada, porque no tengo a nadie a mi cargo. Imagínate cómo vive una madre soltera'.

Libertad explica que a su hija y a ella les queda más bien poco una vez pagan las 20.000 del alquiler y cuando no le llega, le pide a su madre. Ana no puede hacer lo mismo porque su madre también depende del IMI.

Laura Vázquez tiene 34 años y una licenciatura en Filología Románica, pero jamás ha 'trabajado asegurada'. Pertenece al colectivo Berriotxoak de Barakaldo, que además de movilizarse contra la exclusión social informa sobre ayudas sociales. Insiste en que cualquiera puede verse abocado al 'pozo de la pobreza', una situación que padecen las 16.000 familias vascas que perciben el salario social. Es crítica con esta denominación, pero también con que esta ayuda no sea un derecho universal, con que haya que tener 25 años para optar a ella -los partidos quieren rebajarlo a 18 años, pero aún no lo han hecho- y con los a su juicio 'fuertes requisitos'.

Cree el ladrón que todos son de su condición. Con este refrán responde Laura a quienes le preguntan si existen caraduras entre los perceptores del IMI. Y añade: 'Cuando hay picaresca es porque existe necesidad. Alguien no se la juega porque sí'.

Laura esperaba bastante más de la Carta de Derechos Sociales. También sus promotores, los que hace cuatro años presentaron al Parlamento la propuesta avalada por las firmas de 83.000 ciudadanos. Su portavoz, José Ramón Castaño, califica la cuantía de la ayuda de 'humillación' y define la nueva ley como 'una mera declaración de buenas intenciones sin apoyo económico'.

Todos los perceptores consultados aseguran que el nuevo salario social no resuelve nada. 'Esas 10.000 pesetas de más nos vienen de maravilla, pero lo que necesitamos es que nos ofrezcan alternativas laborales dignas, que yo no he recibido ninguna en cuatro años, y no que nos mantengan en la miseria subvencionada', asegura Ruth.

Este reportaje ha sido elaborado con informaciones de Mikel Ormazabal, Txema García Crespo y Naiara Galarraga.