La Xunta vulnera ahora en Ourense la norma que prohíbe amontonar reses muertas al aire libre

El Gobierno gallego se enfrenta a nuevas denuncias judiciales por vulnerar la norma que impide enterrar o almacenar vacas muertas al aire libre. Tras las reclamaciones por el vertedero ilegal de Mesía (A Coruña), un nuevo frente se abrió ayer en Ourense, donde sindicatos y ecologistas emprendieron acciones contra la Xunta por haber amontonado, durante el fin de semana, decenas de cadáveres al aire libre en las instalaciones del único crematorio de animales de la comunidad. El alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, del PP, reclamó al Gobierno autonómico de su partido que cese el almacenamiento de reses en la empresa Sugasa y admitió que ésta carece de licencia para estas actividades. El nuevo consejero de Agricultura, Juan Miguel Diz Guedes, reconoció ayer que el amontonamiento de reses en Ourense se debió a una 'descoordinación' y prometió que no volvería a ocurrir.

Una vez más, las instalaciones de Sugasa se han revelado insuficientes para reducir a harina las reses muertas en Galicia. Ya le ocurrió en los últimos días de diciembre, y en esa ocasión el Gobierno gallego salió del paso abriendo un vertedero ilegal en la mina abandonada de Mesía. En esta ocasión, unas 200 reses permanecieron tres días amontonadas al aire libre en la planta de Sugasa, en las afueras de Ourense, lo que, de nuevo, incumple el Real Decreto 1911/2000, de 24 noviembre. Esa norma establece que las vacas muertas han de ser guardadas en un recinto cubierto antes de su incineración.

El grupo ecologista Amigos de la Tierra invoca ese decreto en la denuncia que presentó ayer contra Sugasa en la Audiencia Provincial de Ourense. La Confederación Intersindical Galega (CIG) apunta más alto y hoy solicitará a la fiscalía que actúe de oficio contra el consejero de Medio Ambiente, Carlos del Álamo, quien, tras la dimisión del titular de Agricultura, Cástor Gago, está concentrando los ataques de sindicatos y oposición. Tras los sucesos de Mesía y la constatación de que la planta de Sugasa no da abasto, la Xunta llegó a un acuerdo con la Generalitat de Cataluña para usar uno de sus hornos crematorios. Las vacas son llevadas en camiones, pero las normas que regulan el transporte por carretera obligan a interrumpir esa actividad durante los fines de semana, la causa esgrimida ayer por la Xunta para justificar el amontonamiento de reses en Ourense.

La Consejería de Agricultura anunció que instalará contenedores en Sugasa para evitar que los cadáveres vuelvan a almacenarse al aire libre. Pero, además de incumplir las normas de seguridad, la planta de Sugasa sólo tiene licencia municipal para fabricar cueros y grasas animales.

Según el Ayuntamiento de Ourense, la planta, denominada incineradora por la propia Xunta, en realidad no quema los restos animales, sino que los somete a un tratamiento a altas temperaturas para reducirlos a harina. El alcalde, Manuel Cabezas, aseguró que la licencia podría amparar el proceso que se realiza a los cadáveres, pero en ningún caso su almacenamiento. 'Ha habido descoordinación y un injustificable problema de transporte', admitió Cabezas.

La dirección de Sugasa ignora sistemáticamente las llamadas de los medios de comunicación para contrastar las denuncias y prohíbe de modo estricto el acceso a las instalaciones. Ayer mismo, dos reporteros gráficos fueron recibidos a pedradas desde el interior de la planta.