Mentira imposible

Después de haber oído las explicaciones gubernamentales del indulto al exjuez prevaricador Javier Gómez de Liaño, creía agotada mi capacidad de sorpresa. Pensaba que el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno habían puesto el listón de lo esperpéntico tan alto, que era imposible que ningún otro miembro del Gobierno pudiera igualarlos o superarlos al tener que explicar algún asunto de su competencia.

Pero me equivoqué. Parecería que el mal de las vacas locas ha respetado a los ciudadanos normales y corrientes, pero está afectando al Gobierno de la nación, porque, de lo contrario, no se entiende que en tan poco tiempo se estén dando explicaciones tan poco razonables sobre asuntos tan variados. Desde el Tireless a las propias vacas locas, pasando por el fraude del lino, que ha pasado a ser de un montaje electoral del PSOE alimentado por un informe irresponsable de la Fiscalía Anticorrupción a fundamento de una denuncia de la exministra y comisaria europea Loyola de Palacio en la Audiencia Nacional.

Pero la explicación más increíble y que, a decir verdad, jamás pensé que pudiera proporcionar un ministerio dirigido por Federico Trillo, es la relativa al llamado síndrome de los Balcanes. La nota de prensa del Ministerio de Defensa leída por el portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado viernes es tan disparatada que resulta difícil pensar que la haya podido redactar alguien que se encuentre en su sano juicio. Y que haya podido darle el visto bueno una persona que presume de su condición de jurista.

Se puede entender que el Gobierno en general y el ministro de Defensa en particular se encontraban en una situación muy embarazosa. Se había respondido el 22 de septiembre de 1999 y el 26 de mayo de 2000 por escrito a preguntas parlamentarias formuladas por IU que el Gobierno desconocía el uso de uranio empobrecido en los bombardeos de Kosovo, cuando el miércoles de esta pasada semana hemos sabido por el coronel Villalonga, responsable de Inspección de Sanidad, que desde mayo de 1999 los Estados Unidos habían informado a los países de la OTAN del uso de munición de este tipo. Y si en septiembre de 1999 el titular del ministerio era Eduardo Sierra, en mayo de 2000 ya lo era Federico Trillo. El Gobierno había mentido al Parlamento en dos ocasiones. La primera mentira no era imputable al actual ministro de Defensa, que en 1999 era presidente del Congreso. Pero la segunda sí.

Pero lo que no se puede entender es que se pretenda salir de esa situación embarazosa, introduciéndose en otra que lo es más todavía. Porque esto, justamente, es lo que ha hecho el ministro de Defensa al poner en circulación la nota a la que he hecho referencia. La afirmación de que 'toda la información sobre este asunto fluyó a través de los canales del mando militar (subrayado mío), en cuanto que era de interés para las operaciones, pero no se comunicó a los Gobiernos de la Alianza, por no considerarse relevante a otros efectos', no es que sea una mentira, es que no puede no ser una mentira.

Y no puede no serlo porque en España, 'mando militar' en singular solamente lo es el presidente del Gobierno y, por delegación de éste, el ministro de Defensa. De acuerdo con lo establecido en la Constitución y en las Leyes orgánicas de desarrollo de la misma (Leyes orgánicas 6/1980 y 1/1984, por las que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y de la organización militar) el presidente del Gobierno o el ministro de Defensa son políticamente las Fuerzas Armadas. Los militares que se integran en las Fuerzas Armadas ejecutan la 'política de defensa' definida por el Gobierno. Las Fuerzas Armadas carecen de autonomía respecto del poder civil en nuestro ordenamiento constitucional. Hay 'mandos militares' en las Fuerzas Armadas, pero no 'mando militar', que es exclusivamente civil. Por eso el Gobierno, su presidente o su ministro de Defensa no pueden no conocer una información de la OTAN. Ésta es una presunción iuris et de iure, es decir, de aquellas que no admiten prueba en contrario. Aunque fuera verdad que los 'mandos militares' recibieron información que no la hicieron llegar al 'mando militar', sería mentira. El presidente del Gobierno y el ministro de Defensa son y no pueden dejar de ser el 'mando militar'. Y no hay nada que sepa el mando militar que no lo sepan ellos. Podría suceder que lo supiera el ministro y no lo supiera el presidente. O que lo supiera el presidente pero no el ministro. Pero lo que nuestro ordenamiento constitucional no admite es que no lo sepan ninguno de los dos. Esa hipótesis no la contempla la Constitución. De ahí que, aunque fuera verdad lo que dice la nota del Ministerio de Defensa, sería una mentira. Sencillamente el ordenamiento jurídico español no admite que eso pueda suceder.

Dicho de otra manera: la respuesta a las preguntas parlamentarias de IU han resultado ser falsas, pero podían no haberlo sido. Hubiera sido posible que la OTAN no hubiera utilizado munición con uranio empobrecido o que, de haberlo utilizado, los Estados Unidos no hubieran informado a los demás países de dicha utilización. No ha sido así y, por tanto, sabemos que el Gobierno español mintió en septiembre de 1999 y en mayo de 2000. Pero la nota del Ministerio de Defensa es mentira de entrada. Lo que en ella se dice, independientemente de que sea verdad, es mentira. No puede no serlo.

Y es una mentira que tiene unas consecuencias terribles para el ministro de Defensa. Porque ahora únicamente le queda una opción. En primer lugar, identificar a los 'mandos militares' que ocultaron información al 'mando militar' y exigirles las responsabilidades pertinentes. ¿Cómo es posible que una información que puede tener una incidencia sobre la salud de los militares españoles enviados a la zona se le oculte al Gobierno responsable de haberlos enviado allí? ¿Cómo puede, en consecuencia, un ministro de Defensa haber puesto en circulación una nota como la que conocimos el viernes sin haber ordenado simultáneamente la apertura de un expediente informativo sobre la ocultación de información, a fin de depurar las responsabilidades disciplinarias y/o penales en las que podrían haber incurrido los 'mandos militares' implicados? E inmediatamente después presentar su dimisión como ministro de Defensa por un gravísimo error en el ejercicio de su cargo. ¿Cómo puede un ministro de Defensa continuar siéndolo después de reconocer públicamente que no tenía conocimiento de una información con repercusión indudable sobre los militares españoles que sirvieron en los Balcanes?

Cualquier explicación que se hubiera dado a haber mentido al Parlamento, hubiera tenido un coste. Pero esta respuesta es la peor de todas las imaginables. Intentar escapar de una mentira con otra todavía peor, porque es una mentira constitucionalmente imposible, sólo es explicable porque se ha perdido el juicio y no se sabe qué hacer. ¿No hay nadie en los servicios jurídicos del Ministerio de Defensa que haya alertado al ministro que la explicación contenida en la nota era un remedio peor que la enfermedad?

Javier Pérez Royo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.