Batalla de cemento en la ladera del Montgó

Los pleitos planteados por dos vecinos de Xàbia que se consideraron agraviados por la redacción del plan general de la localidad, aprobado en 1990, han desembocado en una serie de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que constituyen un severo varapalo para el actual alcalde de la localidad, Jaime Sapena, del PP, que fuera concejal de urbanismo en 1994.

El letrado Gaspar Catalá, observador privilegiado de la cuestión desde hace años, relata cómo dos vecinos, propietarios de terrenos rústicos en las laderas del Montgó, solicitaron su asesoría cuando se sintieron agraviados por la redacción del plan general.

El plan clasificó como suelo urbano grandes parajes a los pies del actual parque natural del Montgó donde habían proliferado urbanizaciones sin control desde 1975. El 90% del suelo reclasificado era propiedad de Miguel Zaragozí, destacado dirigente del PSPV local cuando se redactó el plan. Los vecinos agraviados poseían el resto del suelo, que no fue reclasificado.

Ambos desataron entonces una larga batalla administrativa para evitar la construcción de chalés en la zona. Cuatro sentencias sucesivas dictadas por el TSJ desde 1998 hasta diciembre pasado anulan la reparcelación del área, el proyecto municipal de urbanización, ordenan la demolición de tres chalés e invalidan la licencia de construcción de dos viviendas más.

El primer recurso, explica Catalá, se presentó en febrero de 1995 y alude a la 'falta de consolidación edificatoria' y la 'clara ausencia de servicios urbanísticos' que permitan declarar urbano el paraje denominado Montgó-Ermita 2. Tres años después el TSJ determinaba que la clasificación de la zona como urbana era 'contraria a Derecho'.

En marzo de 1995, otro recurso apuntó a la concesión de dos licencias de obra. Un año antes, Jaime Sapena, entonces concejal de Urbanismo, concedió las licencias en cuestión a favor de Zaragozí a pesar de que todos los informes técnicos y jurídicos eran contrarios. En noviembre de 2000, el TSJ anuló las licencias otorgadas a Zaragozí por el actual alcalde y ordenó la demolición de una vivienda. Los magistrados declararon, además, la nulidad del plan general y el cambio de clasificación de los terrenos en el área Montgó-Ermita 2.

Catalá saldría airoso de dos recursos más contra la edificación en la zona que, por el contrario, ponen en entredicho con meridiana claridad el proceder de Sapena como responsable de Urbanismo.

El TSJ llega a señalar que resulta 'inexplicable' que el Ayuntamiento ignorara la legalidad e 'incomprensible' que autorizara la edificación 'obviando los informes de sus técnicos'. La sentencia añade que la ubicación de las viviendas en las proximidades del parque natural del Montgó 'debía haber estimulado un mayor rigor en el tratamiento de la cuestión' y ordena demoler dos chalés.

Vicent Ortolá, actual responsable de Urbanismo, defiende a a su alcalde y sostiene que 'las licencias se han dado siempre con arreglo a la ley'. 'Hemos recurrido ante el Tribunal Supremo todas las sentencias del TSJ', añade.

La batalla jurídica puede eternizarse mientras las construcciones en entredicho echan raíces en la ladera del Montgó.