Un nuevo modelo para las ONG

El Gobierno se dispone a revisar el sistema de concesión de subvenciones a las ONG, que en este año alcanzarán los 14.000 millones de pesetas. La nueva propuesta diseñada por la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Secipi), que se presenta mañana a debate, acaba con la clásica convocatoria anual proyecto a proyecto y será sustituida por otra que comtempla planes a medio y largo plazo a realizar por las ONGD (organizaciones no gubernamentales de cooperación al desarrollo), aquellas que tienen su actividad en el extranjero y trabajan para recomponer, o levantar de cero, estructuras modernas en regiones pobres.

Hasta ahora, cada organización presentaba sus proyectos y, tras la valoración de una comisión técnica, se decidía su conveniencia y la dotación necesaria de acuerdo al presupuesto presentado. La propuesta que ha hecho la Secretaría de Estado de Cooperación acaba con este sistema, criticado desde diversos ámbitos como arbitrario, y que hace difícil un seguimiento de los programas a medio plazo. 'Presentabas un proyecto para Venezuela, funcionaba, y luego, comprobado su éxito, lo volvías a presentar para aplicar en otro país, y te lo rechazaban', explica Maite Núñez, del Instituto Sindical para la Cooperación al Desarrollo (Iscod), dependiente de UGT. 'La nueva propuesta reorganiza el sector. Permitirá planificar a medio plazo para hacer más eficaz la cooperación. Además de reforzar el papel de las ONG, también las obliga a no improvisar acciones'. Para José Antonio Alonso, del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y uno de los expertos que deben valorarlo, 'la orientación de la reforma es correcta. La Administración cada vez tiene menos capacidad para hacer un seguimiento de tantos proyectos como hay. Mejora la capacidad de previsión de las ONG, y ahorra recursos a la Administración, que necesitará menos burocracia'.

Críticas al Plan Director

La orientación de esta reforma fue consensuada con el órgano encargado de estudiar la propuesta, el Consejo de Cooperación (órgano consultivo), que se reúne el lunes para discutirla, y que preside el secretario de Estado para la Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortés, y con representantes de diversas ONG, sindicatos, patronal, universidades y expertos. Aun así, el Plan Director 2001-2004, en el que se engloba la propuesta, recibió duras críticas antes de su aprobación, casi unilateral por parte del Gobierno, que obvió las discrepancias. En el voto particular de los expertos del Consejo, éstos dejaban claro su desacuerdo con los objetivos economicistas del Gobierno en materia de cooperación: '(...) se insiste en la necesaria vinculación que debe existir entre la ayuda y la promoción de los intereses económicos y estratégicos españoles, mientras se relega a un segundo plano el propósito básico que debe inspirar la ayuda, relacionado con la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo, en sus diversas manifestaciones'.

El sistema pretende dividir los planes de cooperación en tres: proyectos, programas y estrategias. Lo que se llaman proyectos de cooperación serán, como hasta ahora, 'acciones diseñadas para lograr un objetivo específico de desarrollo en un periodo determinado', y tendrán una duración máxima de 30 meses. Los programas de cooperación serán acciones más a largo plazo (máximo de tres años), con un objetivo más estructural. Estas acciones serán especializadas, por el sector económico en el que intervengan o por un criterio geográfico. Las condiciones para acceder a este tipo de financiación (hasta 500 millones de pesetas) son restrictivas para una mayoría de las ONG, ya que se exige un mínimo de seis años de experiencia, además de valorar su implantación social, número de voluntarios, etcétera. Por último, las llamadas estrategias de cooperación serán planes de envergadura, en diferentes sectores y países. En este caso se pueden dar hasta mil millones, pero las condiciones serán tan restrictivas que quedarán para las grandes: Intermón, Cáritas, Manos Unidas y Cruz Roja.

Colaboración, no sumisión

Todo este dinero, la voluntad de hacer de las ONGD auténticas embajadoras en el Tercer Mundo, provoca también alarma entre las organizaciones. La de su pérdida de identidad. Así lo explica Ignacio Carreras, director general de Intermón, una de las ONGD que van a ver muy reforzada su colaboraci ón estatal: 'Los puntos de acuerdo son muchos, el plan es un gran avance. Sin embargo, esperamos poder seguir siendo ONG, es decir, que se mantenga nuestra independencia y capacidad de iniciativa. No somos subcontratas del Gobierno ni queremos serlo. Se debe mantener la autonomía que tenemos para realizar nuestros propios proyectos. Es justo que, si dan subvenciones, busquen puntos de coincidencia entre las organizaciones y la Administración, pero eso no significa sumisión'. Expertos y cooperantes temen que el Gobierno reconozca tanto su labor que los convierta en embajadores solidarios, un actor más de la política exterior. Un apartado del texto, en las condiciones para acceder a las millonarias subvenciones, siembra la duda: se financiarán acciones que 'potencien la complementariedad con la política oficial de la cooperación española'. José Antonio Alonso explica que 'la 'complementariedad' no es un concepto jurídico, que precisa de aclaraciones. Estas indeterminaciones dejan en manos de la Administración su interpretación en casos concretos'.