Un Estado igual de social

Los europeos no quieren saber nada de las reformas ultraliberales de Margaret Thatcher que en los setenta y en los ochenta desmantelaron buena parte del Estado de bienestar en el Reino Unido. Por mucho que se les diga que el sistema de protección social está en crisis, los ciudadanos del Viejo Continente siguen apegados a él. Están, eso sí, dispuestos a que se reforme, pero no a que se recorte.

A esta conclusión ha llegado un macrosondeo efectuado en las cuatro principales potencias de Europa continental (Alemania, Francia, Italia y España) sobre una muestra de 5.500 ciudadanos. Sus resultados serán publicados en el próximo número de la revista Economic Policy y analizados por dos profesores de la Universidad Bocconi de Milán, Tito Boeri y Guido Tabellini, y por Axel Borsch-Supan, de la Universidad de Mannheim (www.frdb.org y www.cepr.org).

'Las preguntas que hemos hecho a los entrevistados son sobre opciones realistas -no si quieren menos impuestos y más contrapartidas- y, por tanto, más complejas', señala Boeri. 'El mensaje que hemos recibido de los ciudadanos de esos cuatro países es que no se puede reducir la dimensión social del Estado', añade. 'Los ciudadanos de Europa continental no quieren prescindir de la intervención del Estado en los asuntos sociales'.

Dicho esto, Boeri no cree que resulte imposible reformar el llamado Estado providencia. De la encuesta se deduce que buena parte de los consultados son proclives a modificar su estructura pero sin recortar su tamaño global. 'Una mayoría de ciudadanos está a favor de transformaciones que permitan evitar incrementos' de la presión fiscal para hacer frente al previsible envejecimiento de la población, asegura.

Españoles, franceses y alemanes son partidarios de mantener el actual nivel de impuestos y de prestaciones sociales. Sólo una ligera mayoría de italianos se inclina por reducir impuestos y contrapartidas sociales, quizá porque sea el país donde los ciudadanos tienen la impresión de recibir menos prestaciones a cambio de los tributos que pagan.

Aun así, todos los encuestados, excepto los españoles, creen que el actual sistema de pensiones no será viable dentro de 10 o 15 años y vaticinan que los emolumentos de los jubilados sufrirán una merma. 'No es que el porvenir del sistema español esté garantizado, es posible incluso que corra más peligro que los demás, pero los españoles están peor informados', asegura Boeri. 'En España ha habido menos debate político sobre este asunto y, en consecuencia, la prensa le ha dedicado al tema menos espacio'.

Quizá a causa de esa amenaza de crisis, una holgada mayoría de españoles, italianos y alemanes -no así de franceses- se muestra dispuesta a que su contribución al sistema de pensiones de la Seguridad Social sea gestionada por el sector privado a través del fondo de inversión de su elección, del que sólo podrían sacar dinero cuando se jubilen.

No aceptarían, sin embargo, poder disponer antes de esas cantidades -no se fían, aparentemente, de ser capaces de mantener su esfuerzo ahorrativo si no están obligados legalmente- ni tampoco accederían a que se rebaje su cotización a cambio de cobrar menos cuando dejen la vida activa.

El abandono del sistema público de pensiones suscita más adhesiones entre los jóvenes, los trabajadores con ingresos más elevados y los más instruidos. Esta opción mayoritaria abre la vía a una evolución del actual sistema de pensiones, en el que los trabajadores en activo pagan por los jubilados, hacia un modelo basado en mayor medida en el ahorro privado.

España es, justo por delante de Italia, el país con más paro de los cuatro, especialmente entre los jóvenes. A pesar de ello, los españoles son, como los demás europeos, mayoritariamente favorables (59,6%) a mantener el actual reparto del esfuerzo presupuestario entre pensiones y subsidio de desempleo.

Tito Boeri observa, sin embargo, que en los Estados más afectados por el paro, como España e Italia, la ciudadanía acepta difusamente que se lleve a cabo 'una reforma del mercado de trabajo que dé como resultado una menor protección del empleo pero que, a cambio, otorgue una mejor cobertura social a los desocupados'.

Otra conclusión del sondeo es que, curiosamente, la división de opiniones sobre la reforma del Estado de bienestar no guarda relación con la ideología, de izquierdas o de derechas, de los encuestados, ni siquiera tampoco con su pertenencia a un sindicato.

Las respuestas divergen en función de otros cuatro criterios primordiales: la edad, el nivel de ingresos, su información sobre las prestaciones sociales y su situación laboral (empleado o en paro, puesto de trabajo estable o precario).

'El grado de conocimiento [del funcionamiento del sistema de proteccón social] parece influir de manera crucial en las contestaciones', sostiene Boeri. 'Una de las principales consecuencias de nuestro sondeo es que los que aspiran a reformar el sistema deben dedicar muchas energías a informar a la opinión pública de las ventajas del cambio y del alto coste del mantenimento del status quo', concluye.