Un acusado en el 'caso Raval' admite que le atraen los niños, pero niega que abusara de ellos

'Sí, tengo una atracción por los niños en todos los aspectos, incluido el sexual', declaró ante el tribunal de la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona el maestro Jaume Lli. 'Pero el afecto que sentía por ellos superaba el impulso sexual porque lo controlaba', precisó unos minutos después. La fiscalía le acusa de cuatro delitos continuados de abusos sexuales contra otros tantos niños y de utilizar menores con fines pornográficos al haber grabado en vídeo o haber fotografiado esos encuentros. En total, una petición de 25 años de cárcel.

El más grave de esos actos es, según la fiscalía, el que se cometió contra el menor O., de nueve años, desde noviembre de 1996, cuando empezó a pasar los fines de semana en el domicilio de Lli. En esa casa, explica la acusación pública, el acusado le obligaba a practicarle felaciones o lo penetraba analmente con el beneplácito de sus padres, los también acusados Antonio Durán y Nuria Martín. Para cada uno de ellos la fiscalía pide 10 años de cárcel. Lli reconoció que ese menor pasaba los fines de semana con él, que le regalaba consolas o ropa y que incluso en alguna ocasión 'me lo he encontrado en mi cama', pero negó que cometiera 'actos impúdicos'.

Menor 'prestado'

'¿Habló usted con los padres del niño avisándoles de que iba a dormir a su casa?', preguntó a Lli el presidente del tribunal, Josep Maria Pijoan. 'No. El niño les pidió permiso delante mío y dijeron que sí'. Los padres negaron después en su declaración haber prestado a su hijo a cambio de dinero, pues en una ocasión Lli les envió 30.000 pesetas para que pudieran regresar de un viaje de Córdoba. 'Pudiera ser que el niño estuviera algún fin de semana fuera y yo no me enterara porque estaba trabajando', aseguró Antonio Durán, un hombre de condición humilde, encofrador de profesión y vecino del Raval, un barrio del casco antiguo de Barcelona. 'Hay muchísimas personas que le han hechos muchos regalos a mi hijo', relató también la madre a modo de exculpación.

El menor O., como los otros ocho niños que supuestamente sufrieron los abusos sexuales, están bajo la custodia de la Dirección General de la Infancia de la Generalitat desde que estalló el caso, en el verano de 1997. La Administración autonómica y el Ayuntamiento de Barcelona ejercen la acción popular en el caso, al igual que la asociación Clara Campoamor y el Casal dels Infants del Raval, una entidad juvenil que presididó desde su fundación en 1982 Xavier Tamarit, el principal acusado y quien trabajaba allí como monitor. La fiscalía considera que Tamarit, que declarará hoy, 'reclutaba' a los niños que acudían a esa entidad aprovechando la escasez de medios de sus familias y 'sus frágiles valores'. En total se le acusa de ocho delitos de abusos sexuales y otro de utilización de menores con fines exhibicionistas. Las penas que se solicitan para él suman 57 años de cárcel.

Tamarit y Lli salieron en libertad provisional al cumplir dos años en prisión preventiva, pero el primero volvió a ser detenido el pasado mes de diciembre acusado de abusar sexualmente de dos menores en la localidad barcelonesa de Canet de Mar. El mismo tribunal que ahora le juzga ordenó su libertad entonces al considerar que no había peligro de reincidencia. Sólo la fiscalía se opuso al excarcelamiento.

La otra acusada que se sienta en el banquillo es Josefa Guijarro, que vivía también con unos ingresos muy reducidos y quien ayer concluyó su declaración entre sollozos. 'Soy completamente inocente de todos los hechos y quiero volver con mis hijos', afirmó Guijarro, desposeída de tres de sus cuatro hijos desde que se descubrió el caso. La fiscalía la acusa de permitir que Tamarit abusara de sus cuatro hijos a cambio de dinero y de permitir que se les fotografiara simulando tocamientos y penetraciones y por ello pide para ella 15 años de cárcel. Del destino de las fotografías nunca más se supo, pero en el registro realizado en casa de Guijarro en presencia de la secretaria judicial, se intervinieron seis cintas de video. A la vista de que ninguna de las acusaciones preguntaba por las cintas, el presidente del tribunal asumió esa función. La acusada aseguró que las grabaciones eran de su hijo mayor.