El Gobierno abre el año con medidas sociales sobre temporeros y víctimas del franquismo

El Gobierno andaluz eligió un paquete de medidas que considera hablan en su favor en la forma de entender la gestión pública, para subrayar su reincorporación al curso político, después de que en los meses pasados, coincidentes con los distintos procesos congresuales del PSOE, arreciaran las críticas por la supuesta parálisis de la Administración autonómica. Los consejeros también analizaron el borrador del decreto sobre el incremento la de las pensiones no contributivas, que cada año sube por su cuenta y con fondos propios la Junta de Andalucía. Esta norma será aprobada en los próximas semanas.

Horas antes de que el presidente Manuel Chaves se entrevistara con el delegado estatal para la Inmigración, el Consejo aprobó un decreto, consensuado con el Gobierno central, para subvencionar a fondo perdido de hasta un 30% la construcción de viviendas para alojar en alquiler a temporeros, tanto nacionales como extranjeros, en un total de 42 pueblos de cinco provincias (Huelva, Almería, Córdoba, Jaén y Granada).

Las subvenciones oscilarán entre 1.490.000 y 2.300.000 pesetas por viviendas en función de los dos tipos de alojamiento que se contemplan: uno de 40 metros cuadrados para trabajadores de corta duración y otro de 70 metros para temporeros con contratos más estables con familia a su cargo. Para acceder a este último, se requiere no tener ingresos superiores a los 2,5 millones de pesetas anuales, mientras que para los primeros se deberá acreditar la solvencia en el pago de la renta. La Junta estima que el precio medio del alquiler por persona y mes estará en unas 6.000 pesetas.

Las ayudas serán aportadas a partes iguales por la Junta y la Administración central y pondrán acceder a ellas tanto promotores públicos como privados. En este sentido, la consejera de Obras Públicas y Transportes, Concha Gutiérrez del Castillo, recordó que corresponde al empresario facilitar vivienda a los trabajadores que contrata e instó a las empresas municipales de vivienda a dar 'el primer paso'. Gutiérrez comprometió el apoyo de la Junta a través de la Empresa Pública de Suelo (EPSA).

El decreto que establece indemnizaciones para antiguos presos y represaliados políticos del franquismo ha sido elaborado por la Consejería de Justicia y Administración Pública, cuya titular, Carmen Hermosín, subrayó que la cuantía económica no es lo más destacado 'porque no se puede cuantificar la privación de libertad de gente que se la jugó' y que lo importante es el reconocimiento público de estas personas por su defensa de la libertad y la democracia.

Requisitos exigidos

La norma aprobada ayer, fruto de una proposición no de ley aprobada por el Parlamento en junio de 1999, va dirigida a aquellos presos políticos andaluces que no pudieron beneficiarse de las ayudas fijadas en 1990 por el entonces Gobierno socialista, al no acreditar todos los requisitos exigidos. Hermosín estimó en 200 personas las que se acogerán a la indemnización. En caso de que el ex preso hubiera fallecido, el decreto establece que podrán solicitar la indemnización el cónyuge o la persona que sin serlo perciba la pensión de viudedad por tal motivo.

Las ayudas serán de hasta 1,5 millones de pesetas, abonadas en un pago único, para presos políticos en cárceles o campos de concentración durante un periodo mínimo de tres años. Las solicitudes se pondrán presentar en las delegaciones de la consejería, pero todas se resolverán en los servicios centrales de Justicia en Sevilla para que se apliquen los mismos criterios en el caso de que falte alguna documentación exigida.

El decreto también contempla la elaboración de un banco de datos de personas que sufrieron privación de libertad o fueron condenadas a trabajos forzados por motivos políticos durante menos de tres años y más de tres meses. Esta medida persigue compensar a personas que si bien no vivieron la Guerra Civil, sí sufrieron represalias durante la dictadura franquista. Una vez recaba toda la información, el Gobierno andaluz estudiará el establecimiento de indemnizaciones. En este sentido, la Confederación General del Trabajo (CGT) afirmó en un comunicado que el decreto 'está por debajo de las expectativas que corresponde a un gobierno socialista' y que el Ejecutivo podría haber aprovechado para distinguirse de medidas aprobadas por 'otros gobiernos autonómicos de la derecha'. La crítica de la CGT alude a que en las indemnizaciones aprobadas ayer no afecta a las personas condenadas a trabajos forzosos y que construyeron en Sevilla el llamado canal de los presos.