Bruselas ultima un expediente contra las ayudas eléctricas y podría forzar su devolución

El comisario de la Competencia de la Comisión Europea, Mario Monti, tras dos años de trámites, ha perfilado ya los borradores en los que comunica al Gobierno español la apertura de expediente por permitir que las empresas eléctricas cobren 1,3 billones de pesetas en concepto de costes de transición a la competencia (CTC). En esos documentos de la Comisión se recoge la advertencia de que, si las ayudas son declaradas finalmente ilegales, podría forzar su devolución. Las compañías han cobrado por ese concepto hasta ahora más de 400.000 millones de pesetas.

Información tardía

La comunicación preparada por los servicios del comisario de la Competencia para su envío al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, destaca que el Gobierno español permitió a las compañías eléctricas cobrar en el año 1998 un total de 226.422 millones en concepto de ayudas sin notificarlo de forma debida -a través de la Secretaría General de la Comisión Europea- hasta el 28 de enero de 1999. Además, la Comisión advierte de que, si las ayudas son declaradas finalmente ilegales, podría forzar su devolución.Los borradores preparados por los servicios que dirige Mario Monti forman parte del expediente confidencial Ayudas de Estado NN 49/99-Espagne, elaborado para su debate este mes en Bruselas y que ha sido aplazado hasta el próximo mes de enero por las alegaciones presentadas por la comisaria de Energía, la española Loyola de Palacio. Ésta reclama competencias en el asunto y rechaza la consideración de los CTC como ayudas de Estado.

Pulso en la CE

En general, los servicios de la Competencia de Bruselas recogen en el borrador todas las consideraciones ya debatidas en los últimos meses: que las ayudas pactadas en 1997 por el entonces ministro de Industria, Josep Piqué, con las empresas eléctricas, no están justificadas y que contravienen la legislación comunitaria. Pero el documento revela cómo han discurrido los contactos con la Administración española desde el primer contacto cara a cara con las Direcciones IV y XVII de Bruselas ( 3 de junio de 1998) hasta el intercambio de una veintena de cartas entre diciembre de 1998 y abril de este mismo año.

Del laberinto de documentos, discusiones y artículos del Tratado, los servicios de la Competencia destacan que el Gobierno español comunicó los cambios legislativos (Ley del Sector Eléctrico) pactados con el sector, el 20 de enero de 1998. Pero lo hizo a la Dirección General XVII, cuando "según se refiere expresamente en el artículo 88 (3) del Tratado de la CE", la notificación, para ser considerada oficial, debe ser tramitada a través de la Secretaría General de la Comisión Europea. Durante ese periodo en el que las autoridades de Bruselas no tenían constancia "oficial" de los pagos, las compañías eléctricas españolas cobraron 226.422 millones de pesetas, según consta en el citado documento.

El artículo del Tratado al que se refieren los servicios del comisario Mario Monti, 88.3, dice: "La Comisión Europea será informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado común (...), la Comisión iniciará sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva".

Otro elemento destacado, por las repercusiones que pudiera tener en el futuro, es la clara advertencia del departamento del comisario Mario Monti al Gobierno cuando detalla: "La Comisión Europea recuerda al Reino de España el efecto suspensivo del artículo 88, párrafo 3, del Tratado de la CE", y el Reglamento del Consejo, que precisa "que toda ayuda otorgada ilegalmente" podrá ser reclamada a sus beneficiarios.

La posibilidad de que las empresas tengan que devolver lo cobrado por las ayudas (más de 400.000 millones de pesetas a fecha de hoy), provoca escalofríos tanto en el Gobierno como en los responsables de las empresas.

Éstas consideran que las ayudas eléctricas son una compensación por el cambio de legislación que supuso la Ley del Sector Eléctrico del año 1997 -norma que derogó el anterior Marco Legal y Estable- y que, en el caso de que los costes de transición a la competencia fueran declarados ilegales, tendrían derecho a compensaciones.

Así lo expuso el pasado jueves el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, y así lo han repetido en múltiples ocasiones representantes de la asociación de empresas del sector, Unesa.

De alguna forma, los documentos recogen también el pulso entre los miembros de la Comisión Europea Mario Monti y Loyola de Palacio, ya que el departamento de Monti se pronuncia a favor de abrir procedimiento a España "sin perjuicio de la eventual aplicación del Tratado Euratom a ciertas disposiciones del régimen de los CTC". El tratado internacional Euratom es la percha que ha utilizado la ex ministra de Agricultura española y responsable de Energía de la Comisión, Loyola de Palacio, para reclamar su participación en el debate sobre las ayudas eléctricas en España y retrasar el desenlace de un asunto que Monti, según sus propias palabras, está "deseoso" de finiquitar.