Las torres de refrigeración deberán registrarse a partir de esta semana

Esta semana entrará en vigor un decreto de la Generalitat que obligará a todos los propietarios de torres de refrigeración a registrarlas en un censo municipal. Asimismo, los responsables de estas instalaciones de refrigeración deberán limpiar las torres cada seis meses. La Generalitat se suma así a la medida aprobada el pasado viernes por el Ayuntamiento de Barcelona, que prevé un mayor control sobre las torres de refrigeración, que han sido los focos de propagación de los últimos brotes de legionelosis.

La aplicación de esta medida de control -que el mismo consejero de Sanidad, Eduard Rius, dio a conocer dos días después de que se detectara el brote de legionelosis en el barrio barcelonés de la Barceloneta- pretende "minimizar el riesgo de propagación de esta bacteria, procedente de las torres de refrigeración y de las instalaciones que desprenden aerosoles", ha indicado el director general de Salud Pública, Lluís Salleras. Las torres de refrigeración fueron, precisamente, las causantes del brote de legionelosis que afectó a 48 personas en la Barceloneta el pasado mes de noviembre y que causó la muerte a una de ellas. El decreto, que se aprueba en trámite de urgencia, será de obligado cumplimiento en toda Cataluña y se aplicará de forma progresiva, ya que, según Salleras, los propietarios de las instalaciones contarán "con un periodo de adaptación" para registrarlas en el censo municipal. Esta medida se toma debido a los problemas que tuvieron los técnicos municipales para localizar las diferentes torres de refrigeración, ya que no contaban con un plano detallado de su ubicación.

La normativa también incluye las disposiciones del acuerdo de Una Normativa Española (UNE), un marco legal que establece el método de limpieza y desinfección de estos aparatos. Salleras explicó que el nuevo decreto de la Generalitat obligará, en situaciones de normalidad, a "desinfectar y limpiar las torres de refrigeración cada seis meses".

A diferencia de la ordenanza que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el pasado viernes en el pleno municipal, el decreto catalán no concreta las distancias mínimas que debe guardar la salida de aire de la torre respecto a zonas de pública concurrencia.

La normativa autonómica sólo especifica que la emisión de estas instalaciones "debe quedar alejada de las personas", pero no establece la distancia exacta "ya que esto es dificil de cumplir", asevera Salleras.

En una fase posterior a la entrada en vigor de este nuevo decreto, la Administración podría establecer sanciones para los infractores, una cuestión que el Ayuntamiento de Barcelona ya aborda en la misma ordenanza municipal.