De acusador a acusado

"Engañados"

Carlos Gómez Menchaca se ha convertido en un abogado bajo sospecha. La doble actividad que desarrolla como letrado y presidente de la Asociación de Víctimas de Errores Médicos (Aserr) le ha colocado a los pies de los caballos. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le ha denunciado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao por "un delito continuado de estafa". Y hasta la fecha, 21 antiguos clientes, casi todos pertenecientes a la citada asociación, lo han hecho ante el juzgado. El propio letrado y tres de los firmantes de las denuncias ya han comparecido ante la juez. Además, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de la capital vizcaína le ha suspendido dos años por "una falta muy grave", por incumplimiento de las normas deontológicas de la abogacía.Seis clientes del despacho de Gómez Menchaca denunciaron su comportamiento profesional ante el colegio. "No es definitivo y habrá que esperar la decisión del Consejo Vasco de la Abogacía", dice el polémico letrado, que se licenció en 1988 en Derecho en la Universidad de Deusto sin un suspenso en su currículo. Al letrado, natural de Bilbao, de 36 años de edad, los últimos golpes recibidos le hacen sentirse como púgil arrojado sorpresivamente sobre la lona. Sin embargo, no se siente derrotado. "Hemos hecho siempre lo que hemos podido, con profesionalidad, y, desde luego, nunca hemos estafado a nadie", alega en su oficina de Bilbao.

"Es un estafador. Dice que cobra 5.000 pesetas por hacerte socio de su asociación, pero luego te pide una provisión de fondos que puede ser de 50.000, 100.0000 pesetas o más. Resulta que los socios nunca han estado en ninguna reunión o asamblea que demuestre que la asociación es algo más que un señuelo para sacar dinero", sostiene la presidenta, que pide se oculte su identidad, de la Asociación de Afectados por Carlos Gómez Menchaca y Hermanos y víctimas de errores y abusos jurídicos y judiciales (Asahergomen), impulsores de las denuncias ante la Fiscalía vasca y el Colegio de Abogados de Vizcaya.

La presidenta ha emprendido una especie de cruzada contra Gómez Menchaca. Ella y los otros clientes se sienten "engañados" y "maltratados". Muestra un escrito de la Asociación en Defensa del Paciente (ADEPA), con sede en Madrid, en el que se comunica al letrado que, "ante la cantidad de denuncias llegadas a esta asociación de clientes a los que usted llevaba casos de negligencia [médica], le pedimos que elimine de su tarjeta la colaboración que dice tener con nosotros, ya que, si al principio confiábamos en su buen hacer, nos ha defraudado en todos los aspectos".Gómez Menchaca conoce todos estos y otros detalles. Y a cada acusación vertida contra él da una explicación. "El colegio [de Abogados de Vizcaya] nos persigue desde hace tiempo y está utilizando a esa gente para castigarnos. Y, en cuanto a la Fiscalía [del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco], no nos ha acusado de nada. Se ha limitado a recoger la denuncia y pedir al juzgado que investigue", señala. Gómez Menchaca explica que la "pesadilla" que sufre tiene como origen la amenaza de un cliente que, según asegura, les exigió 40 millones si no querían enfrentarse a "una campaña de desprestigio".

La revelación, que él mismo reconoce demasiado cinematográfica para ser verdad, es acompañada por un detallado relato que pide, por seguridad, no transcribir. Pero asegura que nunca ha solicitado 5.000 pesetas por formar parte de la asociación que preside. "Ese dinero era para estudiar el caso. Posteriormente, si el despacho se hacía cargo del asunto, el cliente dejaba una provisión de 70.000, 100.000, o lo que fuera, como cualquier abogado".

Dice que su asociación tiene pendientes 520 reclamaciones judiciales por errores médicos de las más de mil presentadas en los últimos tres años. "Entre el 30% y el 40%, han resultado favorables", sostiene. Por el contrario, Osakidetza sostiene que, a 13 de noviembre pasado, de las 56 denuncias judiciales interpuestas por Aserr contra profesionales del Servicio Vasco de Salud, 52 fueron desestimadas por los jueces y 4 fueron condenatorias, con un total de 22 millones en indemnizaciones. Los acuerdos extrajudiciales alcanzaron los tres millones de pesetas, frente a los 15 millones reclamados.

"Su forma de captar clientes no es deontológicamente aceptable y es éticamente reprobable. El único fin de su asociación ha sido lucrarse. Si no ha efectuado liquidación de cuentas ha incurrido en apropiación indebida", comenta un letrado que compartió aula con Gómez Menchaca en la Facultad de Derecho de Deusto.