Oligarca detenido
España ha cumplido, como era su obligación, la orden de detención internacional solicitada por Rusia, a través de Interpol, contra el hombre de negocios y magnate de prensa Vladímir Gusinski. Pero a partir de ahí todo se complica en un caso que, además de su posible componente delictivo, parece tener también obvias derivaciones de tipo político.Gusinski, patrón del principal grupo de comunicación privado ruso, Media Most, es acusado por la fiscalía general de su país de haber estafado a su propio grupo, desviando al extranjero activos que servían de garantía a un préstamo de unos 40.000 millones de pesetas del gigantesco monopolio del gas, Gazprom. Pero este monopolio, dominado por el Estado y vinculado también a la nueva oligarquía rusa, busca a su vez el control de la más influyente emisora de televisión independiente, NTV, todavía dominada por Gusinski.
El magnate ruso es un antiguo aliado de Yeltsin, al que protegió con su guardias privados en 1991, durante la rebelión que lideró contra el golpe comunista, y le apoyó para la reelección de 1996. Pero desde hace muchos meses sostiene un duro pulso con su sucesor, Vladímir Putin, a quien enfurece notoriamente la línea informativa, crítica con el poder, que mantiene la televisión de Gusinski. Washington se hizo eco anoche de esta situación al alertar del peligro que para la incipiente independencia de los medios informativos rusos supone la sostenida persecución por Moscú del empresario detenido en Sotogrande y puesto a disposición de la Audiencia Nacional.
Todas estas circunstancias deberán ser cuidadosamente sopesadas por la Audiencia si, como parece, Moscú solicita la extradición de Gusinski, pretensión a la que le autoriza el convenio europeo que las autoridades rusas ratificaron en marzo de este año. La extradición constituye un buen instrumento de cooperación judicial entre países, pero a condición de que sus respectivos sistemas jurídico-penales, aunque no necesariamente coincidentes, respondan a los mismos e inesquivables principios de independencia del poder político y de respeto a los derechos y garantías del acusado.
Rusia no sólo deberá presentar ante España una demanda de extradición sólidamente fundada; también deberá despejar cualquier asomo de duda respecto de una injerencia política en el caso, y garantizar además que el proceso penal abierto a Gusinski responde realmente a un hecho delictivo, y no a la animosidad del poder político contra un empresario de la comunicación crítico con él. Los magistrados españoles, al resolver la extradición del magnate, deberán a su vez tener en cuenta los sospechosos vaivenes de la justicia rusa, que en junio ya encarceló y posteriormente liberó sin explicaciones a Vladímir Gusinski, contra el que presentó acusaciones que fueron retiradas luego como por arte de magia. Rusia ha avanzado hacia un sistema democrático, pero aún dista mucho de ser un Estado de derecho en cuya justicia se pueda confiar plenamente.
