El PSOE pide cambiar la Ley de Datos para que sea más garantista

El Grupo Parlamentario Socialista está preparando una proposición de ley para modificar la Ley de Protección de Datos y adaptarla a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. El PSOE aseguró ayer que, ya en el trámite parlamentario de la norma que el Alto Tribunal ha declarado parcialmente inconstitucional, advirtieron al PP y al Gobierno de que esa norma vulneraba la Carta Magna. Diego López Garrido, diputado socialista y catedrático de Derecho Constitucional, anunció ayer esta iniciativa de su grupo y desgranó los elementos de la Ley de Protección de Datos aprobada en 1999 que, a su juicio, vulneran la Constitución. El PSOE asegura que el Constitucional exige, en los fundamentos jurídicos de su sentencia, "mayor protección" a los datos personales de lo que la ley del PP garantiza. Por eso, aseguró López Garrido, "la sentencia del Constitucional está pidiendo otra ley" que "garantice el control de la persona sobre los datos" que de ella tienen las administraciones públicas y las empresas y que pueden ser vendidos a terceros "en un negocio crecinte". El Constitucional, dijo, ha elevado el carácter legal de la ley de Protección de Datos a "derecho fundamental".

Una de las claves de la sentencia, a juicio del PSOE, es que prohíbe que los datos personales que recaban administraciones y empresas puedan ser utilizados "para fines distintos" de aquellos para los que fueron recogidos. En la ley promulgada por el anterior Gobierno del PP sólo se exige que esos fines no sean "incompatibles". En todo caso, añadió López Garrido, el Alto Tribunal exige que se garantice el conocimiento expreso por parte de los ciudadanos de qué datos suyos tienen, y en dónde, las administraciones públicas.

El presidente de la Agencia de Protección de Datos comparecerá esta semana en la Comisión Constitucional del Congreso y, en ese foro, la oposición le planteará sus quejas sobre la vulneración de confidencialidad de datos personales y las denuncias de ventas de éstos sin consentimiento de los afectados.