El Consell en su torre

Después de casi quince meses de brotes epidémicos, de estragos, de silencios y vacilaciones, y de cinco muertes por la bacteria de la legionella, el Gobierno popular de la Comunidad Valenciana ha dado en la farsa de investigarse en familia. Si es difícil encontrar un precedente tan flagrante de incompetencia política y de desidia en la gestión de la salud pública, aún lo es más presenciar un ejercicio de malabarismo tan espectacular como absurdo. Cualquier dictamen que emita finalmente esa comisión para escamotear las chapuzas perpetradas ha de ponerse bajo la sospecha y el cloro, por sus presumibles complicidades. Sus actuaciones solo pretender dar el carpetazo a un expediente demasiado extremado y de absolver a cuantos están implicados en un caso que reclama, con apremio, transparencia y reparaciones. Los hechos son irrefutables y de una gravedad tal, que difícilmente se pueden encubrir con una retórica de tecnicismos y divagaciones.Causa estupor e irritación que el Consell haya permanecido indiferente y destemplado, durante los ocho meses en los que las recomendaciones del Instituto Carlos III del Ministerio de Sanidad han permanecido sobre la mesa, sin inspirar otra cosa más que vaporosas intenciones, cuando en el estudio epidemiológico se recomendaba "una norma legislativa al respecto". La norma sólo se decretó el pasado martes, cuando el número de afectados por legionelosis era de unos 150, y las víctimas mortales, cinco, aunque Sanidad sólo reconozca la última como originada por la bacteria. Causa estupor e irritación que para justificar la torpeza o negligencia se apele al recurso de la muletilla del silencio "para evitar que cunda la alarma", en lugar de informar ampliamente a los alcoyanos y a los valencianos, en general, de las precauciones y medidas más adecuadas para afrontar los brotes infecciosos. Causa estupor e irritación la desfachatez de disponer una comisión de investigación, imponiendo sus criterios y haciendo caso omiso de las sugerencias y condiciones de socialistas y EU, a cuyos miembros, además, se les entregó la documentación a destiempo. Y causa estupor e irritación que, cuando la oposición los dejó plantados, algunos populares como Maluenda y Carmen Nácher invocaran prácticas democráticas, que han enfangado con su proceder. Frases como "huida del Estado de derecho", "grave acto de irresponsabilidad" o "impropios de partidos democráticos" no responden si no a su propia imagen en el espejo de una turbia conciencia. La desinformación sí vulnera los principios constitucionales; la irresponsabilidad se concreta en 15 meses sin resolver una situación de riesgo; la falta de democracia, en no negociar las condiciones de los otros partidos que configurar la Cámara; y en el incumplimiento de la promesa de Zaplana de constituir una comisión "sin límites". Y si la oposición resulta "extraparlamentaria", como la calificó Rafael Maluenda, cuando abandonó la sala, será porque el Consell ha insinuado sus solapados impedimentos, para no llevar hasta sus últimas consecuencias la investigación rigurosa que este asunto exige.

Como de costumbre, quienes pagan un alto precio por esa posición titubeante, dilatoria y ocultista del Consell y de los titulares de Sanidad y Medio Ambiente, son los ciudadanos de Alcoy que han vivido y aún viven en la incertidumbre y en la zozobra. A partir de este clamoroso batacazo, el gobierno de Zaplana ya no está para más trotes. Su debilidad es visible. Tan visible como el ridículo de los despojos de una patética comisión interrogándose a sí misma. Algo ciertamente grotesco, que da la medida del cinismo de unas instituciones que necesitan también un enérgico tratamiento: las torres de frescura de algunos políticos, que han dilapidando su escasa credibilidad. No hay enemigo microscópico. La legionella les ha embestido con crudeza. Lástima que la exhibición de su incapacidad, haya costado cinco vidas, decenas de afectados y muchas inquietudes.