El PP negocia el apoyo del PSOE a la Ley de Extranjería en el Senado

El PP no admitirá en el Senado ninguna enmienda a la reforma de la Ley de Extranjería si no logra un acuerdo con el PSOE sobre los derechos de los inmigrantes irregulares que garantice el respaldo de los socialistas a un proyecto que rechazaron en el Congreso. Así lo anunció ayer la ponente popular en el Senado, Rosa Vindel. El portavoz del PSOE, Juan Alberto Belloch, le ofreció una fórmula transaccional para reconocer estos derechos, aunque con restricciones.

Negociar hasta el jueves

La Comisión Constitucional del Senado rechazó las 180 enmiendas presentadas por la oposición, incluidos los tres vetos -del PSOE, IU y Bloque Nacionalista Galego- que pretendían devolver al Congreso el proyecto que reforma la Ley de Extranjería aprobada hace sólo un año.Si esta situación se repite la semana que viene, cuando el texto sea votado en pleno, la nueva ley entrará en vigor sin un sólo cambio y sin necesidad de que el Congreso la ratifique.

La resistencia del PP a admitir enmiendas en la Cámara alta contrasta con su actitud en diciembre de 1999, cuando aprovechó el Senado para intentar darle la vuelta al texto consensuado en el Congreso. Entonces, sin mayoría absoluta en la Cámara baja, el PP respondió a las críticas de los demás grupos alegando que el Senado tenía tanta capacidad legislativa como el Congreso.

La ponente popular, Rosa Vindel, dejó claro que sólo está dispuesta a admitir modificaciones si llega a un acuerdo con el PSOE en materia de derechos de los extranjeros ya que, a su juicio, en este punto los socialistas representan a los demás grupos. Esta actitud hizo que incluso dos formaciones aliadas del Gobierno, Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC), que en el Congreso respaldaron la reforma, se abstuvieran ayer de apoyar el dictamen de la Comisión Constitucional, que reproduce textualmente aquélla.

Especialmente molesto se mostró el representante de CiU, pues el PP ni siquiera contestó una enmienda suya, respaldada por los demás grupos, que flexibiliza los requisitos para repescar a los alrededor de 70.000 inmigrantes excluidos del último proceso de regularización. Se trata de permitir la presentación de nuevos documentos y de incluir a quienes, aunque no optaron a la regularización, estén en España desde antes del 31 de julio pasado y puedan acreditar arraigo.

Las negociaciones que mantienen el PP y el PSOE se centran en los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga, cuyo ejercicio niega el texto del Gobierno a los inmigrantes irregulares, aunque se los reconozca retóricamente.El portavoz socialista, Juan Alberto Belloch, ofreció una fórmula transaccional al PP, consistente en reconocer esos derechos a todos los inmigrantes a cambio de aceptar ciertas restricciones. El ex ministro recordó que la Convención de Derechos Humanos de Roma permite limitar estas libertades, por razones de interés nacional, orden público y otras, pero nunca por formar parte de un colectivo, como el de los inmigrantes irregulares.

Como alternativa, propuso "tomarse rigurosamente en serio la extraña fórmula" del PP y aceptar que, si todos los extranjeros son titulares de derechos, no se les puede sancionar ni perseguir por ejercerlos.

Belloch se mostró dispuesto a retirar su veto al proyecto si se llega a un acuerdo en este capítulo y destacó que la nueva ley nacerá "insegura", y sólo durará lo que la actual mayoría, si no cuenta con el aval del primer partido de la oposición. "Será muy difícil asentar una política de Estado sobre una ley no consensuada", advirtió.

Vindel apostó también por llegar a un acuerdo que "será muy beneficioso para este país" y se mostró dispuesta a trabajar "hasta el último minuto", hasta el próximo día 14, para conseguirlo. No quiso adelantar, sin embargo, su opinión sobre la oferta transaccional del PSOE, alegando que aún no había tenido tiempo de estudiarla.

El debate sobre los derechos de los inmigrantes irregulares ha dejado en segundo plano otro punto especialmente conflictivo: la eliminación del derecho a la asistencia letrada y al intérprete en los procedimiento de retorno y expulsión preferente, salvo cuando se produce el internamiento del extranjero.