El propietario del solar de Jesuitas reclama 2.000 millones y amplía su querella a Tarancón

El empresario Antoni Mestre mantiene su pulso con la Consejería de Cultura para construir un hotel en el solar de Jesuitas. El propietario del solar ha ampliado al consejero Manuel Tarancón la querella que presentó por un supuesto delito de prevaricación contra la responsable de Patrimonio, Consuelo Ciscar, su antecesora, Carmen Pérez, y el técnico Ignacio Casar, por la aprobación de informes contrarios a la construcción del hotel. Mestre, además, avanza que pedirá una indemnización de 2.000 millones de pesetas si finalmente se le impide edificar.

Modificación insuficiente

El abogado del empresario, José Antonio Peiró, afirma que Tarancón "ha abarcado competencias que no le son propias al pronunciarse también contra la edificación en el solar de Jesuitas". El impulsor del Gran Hotel Crystal Palace decidió ampliar la querella por prevaricación al consejero después de que el secretario general de Cultura, por delegación de Tarancón, desestimara el 9 de noviembre el recurso que presentó el empresario contra los informes contrarios a su proyecto.En su escrito al Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, que tramita ya la querella contra el resto de altos cargos de la consejería, el empresario pide a la juez María Pilar de la Oliva que admita la acusación contra Tarancón y que remita el caso al Tribunal Superior de Justicia, que es el órgano competente cuando la denuncia se dirige contra un aforado.

El recurso de Mestre que desestimó Tarancón en noviembre se refería al informe firmado por Consuelo Ciscar contra el proyecto. El informe, realizado para analizar las variaciones que había introducido el empresario sobre el plan original, alegaba que el hotel sobrepasaría la volumetría permitida y exponía también críticas a la estética del edificio. Un informe anterior, de la ex responsable de Patrimonio Carmen Pérez, también desechaba el proyecto.

En la querella, Mestre acusa a los responsables de estos informes de excederse en sus competencias al alegar que el proyecto de construcción incumple el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según el constructor, la competencia de pronunciarse sobre el plan general es del Ayuntamiento de Valencia, por lo que acusa a los querellados de prevaricación, o sea de tomar una resolución a sabiendas de que es injusta.

Hace escasamente un mes que Carmen Pérez, Consuelo Císcar y el arquitecto Ignacio Casar, acudieron al juzgado para conocer los términos de la querella y declararon sobre los informes que habían supervisado y aprobado.

El representante legal de Antoni Mestre aseguró ayer que "jurídicamente es evidente" que los querellados "no han argumentado la negativa a la edificación del hotel, sólo en un párrafo de las razones expuestas [en el informe] se refieren a un posible impacto estético, nada más". El abogado José Antonio Peiró agregó: "Por más que los implicados se empeñen en considerar como falsa la acusación de prevaricación, la documentación que obra en poder de la juez prueba suficientemente lo contrario". En caso de que la querella y los recursos de Mestre no prosperen, éste pedirá una indemnización de más de 2.000 millones de pesetas.

La batalla legal por la construcción de un hotel en el solar de Jesuitas dura ya 11 años. En ese tiempo, la Administración se ha pronunciado reiteradamente en contra del proyecto y ha pedido que se presenten planes de construcción menos agresivos con el entorno, pero ha acabado por desestimar también las modificaciones por considerarlas insuficientes.En sus escritos al juzgado, el abogado de Mestre, entre otros argumentos, subraya que si bien el arquitecto Ignacio Casar afirma que sólo se ha limitado a elaborar informes técnicos, sus pronunciamientos han tenido carácter de resolución ya que concluye proponiendo que "no se autorice la construcción del edificio para hotel". El abogado opina, además, que las razones esgrimidas contra el proyecto "no son de carácter jurídico, ya que se ponderan intereses que carecen de apoyatura jurídica". José Antonio Peiró apunta, en este sentido, hacia una supuesta connivencia de intereses entre los responsables de Patrimonio Cultural y la Coordinadora Salvem el Botànic, plataforma cívica contraria también a la construcción del hotel.

Según el abogado, no existen razones para considerar la parcela de Jesuitas como "histórica", máxime "cuando en el Plan General de Ordenación Urbana se prevé la edificación en ese lugar".