Los partidos del Gobierno votan de forma distinta sobre la Carta Social

Alzelai admitió su coincidencia con casi todos los puntos del dictamen, pero aseguró que las diferencias en torno a la cuantía de la renta básica hacían imposible a EA dar su visto bueno al proyecto. La ausencia de Euskal Herritarrok de los debates y la minoría en la que se encuentra IU (que reclamaba el 100% del SMI) han hecho inviable que fructificara esta corriente, más en sintonía con las demandas de los grupos promotores de la iniciativa legislativa popular.La intención de los partidos es que la nueva renta básica, que será de 61.845 pesetas, entre en vigor a partir del 1 de enero de 2001. Eso obligará al Gobierno a aprobar un decreto con carácter de urgencia justo después del pleno del día 21 que recoja la cuantía y derogue el actual Ingreso Mínimo de Inserción. Serán beneficiarios de esta renta universal aquellas personas censadas en cualquiera de los municipios de la comunidad autónoma con al menos un año de antigüedad que acrediten un estado de necesidad.

La representante del PSE Gemma Zabaleta recalcó que el acuerdo alcanzado por socialistas, populares y PNV no es un "timo social", como lo calificaron los promotores de la Carta Social, sino que se trata de un texto que mejora las propuestas iniciales y no cierra puertas a nada. "Es un documento flexible que permitirá al Gobierno ir ajustando la Carta Social a las necesidades que existan en cada momento en la sociedad". Además, Zabaleta precisó que una renta básica no es suficiente para combatir la exclusión social.

La ayuda económica debe ir acompañada de medidas para conseguir la inserción laboral y social de los marginados y excluidos. Así, el artículo nueve de la futura Carta de Derechos Sociales indica que los beneficiarios de la renta básica están obligados a firmar unos convenios de inserción con la administración donde se recoje el itinerario que deben seguir para intentar su inserción laboral.

El portavoz del PNV, Joseba Arregi, también incidió en esta línea. Según Arregi, la dignidad de los ciudadanos queda mejor garantizada si se les ofrece la posibilidad de acceder a un trabajo en condiciones, algo que les haga sentirse más autónomos y no tener la sensación de que dependen de un salario de las instituciones.

El parlamentario del PP Fernando Maura destacó que el proyecto aprobado ayer es "realista" y aplicable desde el punto de vista del sentido común. "La Carta Social es un paso más en la dirección progresista que siempre ha mantenido el País Vasco en cuestiones de carácter social", remarcó. No compartió esta opinión el representante de Izquierda Unida Koldo Usín para quien la Carta final no tiene nada que ver con el proyecto que en su momento llegó al Parlamento.