La eficacia de la Unión Europea depende del éxito de la reforma de Niza

Las discrepancias demográficas franco-alemanas, las exigencias españolas de estar en primera línea, la obsesión de los pequeños países por tener siempre un comisario, el apego al derecho de veto... Todas estas querellas empiezan a ocultar el verdadero objetivo de la reforma del Tratado de Amsterdam: adaptar las instituciones de la Unión Europea (UE) a la ampliación. El trascendental Consejo Europeo de esta semana en Niza debería servir para facilitar los trabajos de la Unión cuando a los 15 socios actuales se les unan muchos de los 12 países que están ya negociando su adhesión.

Acuerdo intermedio

La guerra del voto y la batalla de la Comisión están tapando el que para muchos debería ser el camino para conseguir ese objetivo: reducir el veto a la mínima expresión. "El derecho de veto es un obstáculo para la Unión, para su eficacia; lo es hoy y lo será todavía más mañana", advierte desde hace semanas el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. "Cuando seamos 30 países en la UE, el ejercicio del veto se traducirá en una debilidad colectiva. No sólo España podría vetar, Estonia también. ¿Qué pasaría entonces? No avanzaríamos, porque cualquier país podría bloquear a los demás", clama el comisario Michel Barnier, responsable de los asuntos relacionados con la reforma de los tratados.Los defensores de limitar el derecho de veto sostienen que éste tenía sentido en la Europa de los seis, en 1957, pero no en la Europa que superará la fractura del Este en el siglo XXI, con más de 30 socios, incluyendo algún día a las ex repúblicas yugoslavas.

Pese a esos llamamientos, rayanos en el idealismo, el derecho de veto seguirá existiendo después de Niza. Ni la presidencia portuguesa, al abrir la reforma a principios de año, ni luego la francesa, encargada de cerrarla, han hecho caso de los consejos de la Comisión Europea de reducir a una corta lista los asuntos en los que se debería mantener el veto: el ingreso de nuevos socios, los nombramientos, los asuntos constitucionales.

Los trabajos de la reforma han llevado la línea contraria: un listado de 70 propuestas para sustituir el veto por la mayoría cualificada. Eso ha facilitado el objetivo de muchos países de retirar de esa lista aquellos asuntos en los que quieren mantener el veto, desde la política social y fiscal (Reino Unido), la inmigración y el asilo (Alemania), los fondos estructurales (España), la defensa (Suecia), el comercio con países terceros (Francia), etcétera.

La ampliación genera otros problemas, más allá del veto: el tamaño de la Comisión, el reparto de votos en el Consejo de Ministros, las llamadas cooperaciones reforzadas. Si la mayoría cualificada quiere aplicarse en las políticas de las que ya se ocupa la Unión ahora, las cooperaciones reforzadas buscan ir más allá de manera que sólo los más integracionistas viajen en ese tren. Es un mecanismo que ya existe pero que los más europeístas quieren facilitar eliminando el derecho de veto y reduciendo a ocho el mínimo de países participantes. Pero hay que garantizar que aunque eso acabe generando una Europa a dos velocidades, los que quieran sumarse a medio camino puedan hacerlo.

El tamaño de la Comisión es una polémica árida. Unos sostienen que debería estar compuesta por muy pocos comisarios para lograr más eficacia en la gestión. Otros defienden que eso puede debilitar políticamente a la más original de las instituciones comunitarias y convertirla en un órgano burocrático lacayo de los Estados. Los países más pequeños reniegan de perder los beneficios de tener un comisario, un derecho que consideran esencial porque les permite estar al corriente de lo que prepara la Comisión y que ésta tenga en cuenta las particularidades de cada país.

En Niza puede haber un acuerdo intermedio: un límite de 27 comisarios (uno por cada uno de los 15 países actuales y los 12 que negocian la adhesión), que luego se recortaría con la condición de que todo país recién adherido tenga un comisario y de que la rotación entre países trate igual a grandes y pequeños.El problema de los votos en el Consejo también enfrenta a grandes y a pequeños. Éstos aceptan dar más votos a los grandes como compensación por perder al menos uno de los dos comisarios que ahora tiene cada país grande (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España). Pero rechazan el argumento de que esa compensación debe ser profunda para reflejar mucho mejor que ahora las diferencias de población y recuperar el equilibrio que hubo en el pasado y que se ha ido perdiendo a favor de los pequeños a medida que éstos se hacían predominantes con las sucesivas ampliaciones. Un problema que se hará aún mayor con la próxima ampliación, en la que sólo hay un candidato grande (Polonia), uno mediano (Rumania) y 10 pequeños o muy pequeños (Hungría, Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta).