Socialistas y PP redoblan su campaña para que los tribunales se pronuncien sobre los presupuestos

Populares y socialistas adoptaron ayer nuevas medidas para forzar al Parlamento vasco a aceptar que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas se pronuncie sobre la prórroga presupuestaria de 2001. El PP ha llevado a la Mesa un nuevo escrito para que Juan María Atutxa reconsidere el voto de calidad que impidió el debate plenario sobre el incumplimiento del Gobierno al no presentar los presupuestos, y el PSE anunció que van a recurrir al Contencioso Administrativo. Una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía limita al ámbito político las responsabilidades por no presentar las cuentas.

Incumplimiento

Socialistas y populares quieren que el Tribunal de Cuentas haga un informe exhaustivo evaluando las consecuencias económicas y financieras y legales de no presentar el proyecto de Presupuestos para 2001 en el plazo legal y forzar la prórroga automática del de este ejercicio. Los grupos de la oposición quieren que el tribunal estudie a fondo los mecanismos puestos en marcha para ejecutar los planes especiales de inversiones plurianuales y que dictamine las consecuencias prácticas de la prórroga de unos presupuestos pactados con EH -los de 2000- en la comunidad autónoma, además pronunciarse sobre las presuntas irregularidades en las ampliaciones económicas que el Ejecutivo anunció que haría sobre la cifra del presupuesto consolidado de 2000 al incrementarlo con otros ingresos procedentes de las diputaciones, fondos europeo, y excedentes. Ayer anunciaron nuevas medidas para conseguir la intervención del Tribunal de Cuentas. El PP ha registrado un nuevo escrito para que la Mesa reconsidere la decisión en sentido contrario tomada por el órgano de gobierno de la Cámara. El voto de calidad de su presidente, Juan María Atutxa, impidió el pasado día 16 que prosperara la propuesta del PP, para que el acuerdo plenario vinculara directamente al Tribunal de Cuentas. Atutxa solicitó primero un informe a los servicios jurídicos de la Cámara, y con él en la mano volvió a cerrar el paso a ese debate.

"De momento"

El informe, firmado por los servicios de la Cámara el 23 de noviembre, establece que "no parece que el TVCP sea el órgano idóneo para abordar este tipo de cuestiones que pertenecen más al ámbito del Derecho Constitucional que a la materia Económico Financiera".

No obstante, los letrados de la Cámara, en su dictamen dado a conocer el día 24, estiman que el Gobierno ha incurrido en un "incumplimiento legal" con su decisión "política" de no presentar las cuentas al Parlamento, pero explican que no tiene trascendencia "jurídica". Es decir, limita al campo político las responsabilidades que pudieran derivarse de ese el incumplimiento. Esta tesis coincide plenamente con la jurisprudencia más reciente en esa materia, tanto del Tribunal Constitucional como de otros de menor rango. Una sentencia de 1997 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía argumentó lo siguiente, a raíz de la demanda presentada por PP contra la prórroga presupuestaria decidida en 1995 por el PSOE al frente de la Junta andaluza: "La inmunidad jurisdiccional de la acción política del Gobierno no significa, por consiguiente, su irresponsabilidad en una sociedad democrática, sino que excepcionalmente la Constitución ha atribuido esa competencia a un órgano distinto del judicial, las Cortes, que representan al pueblo español". A pesar de todo, los socialistas vascos anunciaron ayer que van a acudir al Contencioso Administrativo para que determine si ese incumplimiento por el Gobierno de lo marcado en la ley tiene consecuencias jurídicas y cuáles son.

Sin embargo la batalla presupuestaria no se limita a TVCP. El PP también quiere modificar la Ley de Aportaciones para recortar los recursos disponibles por el Gobierno. Respecto a este asunto, el portavoz de IU, Javier Madrazo, mostró ayer su preocupación sobre cómo van a financiarse asuntos como la Carta Social, que previsiblemente será aprobada el día 21 de diciembre. La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia recordó, en respuesta a una interpelación, que corresponde al Parlamento vasco "el análisis de la financiación" de la renta universal para las personas con menos recursos. Madrazo calificó de lógica la preocupación de los agentes sociales ante la previsible prórroga.

Zenarruzabeitia insistió en que, "de momento", no se han presentado los presupuestos y, por tanto, la prórroga presupuestaria es sólo una hipótesis. En caso de que de que se produzca, la vicelehendakari aseguró que el Gobierno contará con ingresos determinados en la Ley de Aportaciones, siempre y cuando, "no prospere la iniciativa del PP de modificar la normativa presupuestarias y no ataque también la Ley de Aportaciones que, en teoría, debe ser pactada entre Gobierno y Diputaciones".La número dos del Gobierno se refirió de esa manera a unos ingresos extraordinarios con los que el Ejecutivo quiere engordar los presupuestos para acometer inversiones extraordinarias o gastos como la renta universal. El PP, con el respaldo de la Diputación alavesa quiere cambiar el criterio y que el Gobierno no pueda disponer de ellos.