La lista de los 61 inspectores 'a dedo' revela una trama de vínculos ideológicos y familiares con el PP

El aparato de inspección creado por la Administración Zaplana en cinco años muestra un laborioso entramado de vínculos ideológicos, familiares y políticos con el PP, según revela el listado de los 61 inspectores nombrados a dedo a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La intención de Educación de "consolidarlos" en 1998 mediante un concurso de traslados y el reciente intento de volver a hacerlo mediante la orden de convocatoria de una oposición a medida, deja a la inspección educativa en una débil posición que preocupa seriamente a los 55 inspectores de carrera.

La tradicional "visita del inspector", que en todos los centros educativos sigue teniendo una especial connotación, se ha convertido esta semana en una tímida y escueta "despedida por teléfono" por parte de algunos de los 69 inspectores de la provincia de Valencia que fueron cambiados de destino sin previso aviso ni consulta el pasado martes 14, poco antes de comer. El precepto "oído el equipo de inspectores", que ha sido práctica tradicional desde tiempos inmemorables de antes de la democracia, y convertido en norma de ley con el decreto de inspección de 1992, era, por primera vez, "violado" paradójicamente por una administración de derechas, según han relatado inspectores afectados con tres décadas de servicio. La decisión, según precisó en esa misma reunión el jefe de la inspección educativa, además, es "firme", pese a que corresponde la apertura de un proceso de alegaciones. Pero, al parecer, los criterios de asignación de áreas son, cuanto menos, "contradictorios y poco transparentes", en opinión del STEPV y de CC OO que han constatado que tras los cambios, seis inspectores "accidentales" (es decir, nombrados) serán los coordinadores de áreas por encima de los inspectores de carrera que proceden del Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administración General del Estado (CISAE) o del Cuerpo de Inspectores de Educación (CIE), cuya representación se ha visto reducida en los últimos cinco años hasta representar hoy en día sólo al 46% de los 116 miembros que conforman el servicio de inspección educativa en la Comunidad Valenciana.

El resultado de esta "política de hechos consumados" hoy en día es un aparato de inspección creado de forma paralela al cuerpo de inspectores de carrera, procedentes en su mayoría de la docencia del magisterio, con un perfil ideólogico afín al PP y con estrechas relaciones familiares, amistosas y políticas con el partido que gobierna y que en algunos casos se "incumple incluso el requisito básico del puesto, por pertenecer al nivel inferior del grupo B", como es el caso de Mariano Marín Martínez, amigo de la subsecretaria de la Consejería de Educación; Lorenzo Navarro, ex secretario del sindicato conservador USO, militante del PP y miembro del grupo de educación creado bajo el mandato del subsecretario Carlos Alcalde; así como Carlos Abad Ramos, también militante del PP y "protegido de Pedro Ortega", según fuentes de la propia consejería.

El grupo más significativo es el de los inspectores "familiares directos de cargos electos del PP", como Camilo Miró, cuya fulgurante trayectoria se hizo simultanéamente a la de su hermana Marcela, ex consejera de Educación y presidenta de las Cortes, que, además, "aprobó las oposiciones de Secundaria con un tribunal presidido por la inspectora, también colocada a dedo, María Luisa Martínez Díaz", precisan las mismas fuentes. En este grupo también aparecen Salvador Valle, yerno del presidente del Consejo Escolar Valenciano (CEV), José Luis Narciso Campillo; Vicente Boria de los Dolores, cuñado del ex director territorial de educación y actual miembro del CEV, Pablo Antonio Crespo; María Luisa Oltra Martínez, esposa del inspector jefe de Alicante, actualmente en comisión de servicios; Rosario Agulló Mera, quien fuera esposa del alcalde de Orihuela o Pilar Gómez Casañ, familiar de otro inspector, "que fue colocada directamente en el Servicio Central de Inspección, en calidad de 'no se sabe qué".

La influencia del que fuera el número dos de la consejería, Carlos Alcalde, y del actual subsecretario de Medio Ambiente, Jorge Lamparero, en los nombramientos a dedo de la provincia de Alicante y de Valencia (procedentes del radio de acción de concejales del PP de Buñol-Chiva-Cheste, como el inspector y concejal Gumersindo Rodríguez Mato o José María Payá) ha sido definitiva en la construcción de este entramado de relaciones y nombramientos de inspectores. Un grupo que, además, tiene un claro perfil "antivalencianista" como en el caso citado arriba de Rosario Agulló, que es la presidenta de la Asociación de Castellano-parlantes de Orihuela, o se han significado por su posición "anti-LOGSE", como José Benedito Alberto, presidente de la Asociación de Catedráticos de Bachillerato y amigo del presidente del CEV.

Otra cantera de inspectores procede directamente de los ex cargos sindicales afectos del CSIF como: Julio Gómez Fernández, Isidro Ramírez, Lorenzo Navarro, Emilio Fernández y Antonio Esclaples; o han sido ex jefes de servicio como el inspector José Alfredo Pellicer o Pedro Granda, vinculado al Opus.

Con todo, el grupo más numeroso es el de "militantes del PP". Ahí figuran Alejo Villanueva y Luciano Martínez, militantes y procedentes del complejo educativo de Cheste y "comisarios" de Lamparero; Luis Serra Adell, amigo del ex consejero Fernando Villalonga; Alberto Morales Guillém, militante del PP, Luis Ramos, al que en la consejería identifican como "el megaasesor de cargos públicos del PP" y "comisario" de Carlos Alcalde.