El error de un juzgado de Vitoria atasca 20 querellas por estafa de 200 millones

El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria lleva ocho años con serios problemas para desatascar un caso en el que convergen más de 20 querellantes que han perdido unos 200 millones de pesetas por confiar su dinero a la gestoría ERNE. Todas las denuncias se han acumulado en un sumario contra los socios de esa gestoría, F. J. López de Landache, y J. R. Saenz de Maturana. Los denunciados invirtieron el dinero en operaciones inmobiliarias en Canarias que, según dicen, fracasaron y el dinero desapareció. Los ahorradores quieren verles en la cárcel, aunque el fiscal no ha acusado porque en su opinión "no hay engaño suficiente".

Inconstitucional

El caso está rodeado de datos que podrían engrosar un libro de marcas locales. El sumario está compuesto por unos once tomos de más de 500 folios cada uno; el juzgado todavía no ha fijado la celebración de la vista oral por errores de su propio personal, que no comunicó a uno de los acusados el cambio de diligencias previas a procedimiento abreviado, y a medida que pasa el tiempo -la primera denuncia fue en 1992-, aparecen nuevos demandantes que pasan a engrosar la lista de afectados que confiaron todos sus ahorros a López de Landache y Maturana. Mientras tanto los denunciados siguen sin ninguna imputación porque, entre otras cosas, la Fiscalía ha dejado escrito en algunos de sus informes que "no hay causa". Varios de los denunciantes originales ya han muerto. Ahora, los herederos y afectados ya ni siquiera confían en recuperar parte del dinero; sólo quieren que los responsables vayan a la cárcel. Se preguntan si en el fondo será verdad que el haber perdido su dinero sobre la base de los "engaños" del inversor no es suficiente como para tomar medidas legales contra esa persona.En algunos casos, los afectados habían depositado hasta 25 millones de pesetas para que ERNE se los colocara en activos financieros con la promesa de altas rentabilidades. Curiosamente el dinero transitó por una joyería, River Joyeros, -también figuraba a nombre de los acusados- y una promotora, Vigama S A, en ocasiones sin conocimiento de los propios inversores. El negocio funcionó desde mediados de los años ochenta hasta que a principios de los noventa ERNE empezó a tener problemas de liquidez. Los ahorradores confiaban a Landache sus ahorros después de establecer no sólo una relación profesional sino también de confianza, ya que su forma de llevar el negocio se aproximaba más a una relación de amistad que estrictamente profesional. En alguna ocasión visitaba en sus domicilios a los ahorradores para ofrecerles nuevos productos o captar el dinero que habían obtenido con alguna venta reciente.

El castillo de naipes se derrumbó en 1991. Varios ahorradores exigieron la devolución de los fondos y empezó su particular calvario. Landache reconoció en conversaciones privadas que todo el problema se derivaba de "una desafortunada inversión inmobiliaria" en un parcela que otra empresa creada, entre otros, por los dos acusados, Vigama SA, hizo en Las Palmas de Gran Canaria. Un terreno urbano comprado a finales de 1986 para edificar y que, cinco años después, no tenía ni un ladrillo encima. El precio de compra de la parcela fue de 450 millones de pesetas. Apenas 21 meses antes, esa parcela había sido adquirida por un matrimonio canario por 142,4 millones de pesetas.

El caso sigue atascado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria desde que en 1998 se suscitó una cuestión de inconstitucionalidad por un error de forma del propio juzgado. El abogado defensor de Maturana solicitó a la Audiencia, como cuestión previa, que se pronunciara sobre un problema suscitado durante el proceso de instrucción. En su opinión era anticonstitucional que el juzgado no le hubiera informado de un cambio de estado del sumario. Pasaba de diligencias previas a procedimiento abreviado y, curiosamente a su defendido, uno de los dos acusados, no le había sido notificado ese hecho.La sala dio la razón al abogado defensor y acordó volver cinco años atrás el procedimiento, aunque sólo en aquellas actuaciones que afectaban a Maturana.