La Generalitat pide que los 'mossos' tengan competencias en terrorismo

La Generalitat reclamará en los próximos días al Ministerio del Interior que los Mossos d'Esquadra tengan competencias en la lucha antiterrorista y su actuación no se limite a un papel secundario, como ocurre en la actualidad. El Gobierno catalán considera, además, que los agentes deben recibir una formación específica para desempeñar estas tareas. Un portavoz ministerial descalificó ayer la exigencia de la Generalitat al considerar que la lucha antiterrorista sobrepasa el ámbito territorial de Cataluña.

"No es el momento"

El departamento de Interior de la Generalitat anunció ayer que la petición de dotar de más competencias a los Mossos d'Esquadra se planterá formalmente en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña que se celebrará a primeros del mes de diciembre en Barcelona y que muy probablemente presidirá el ministro Jaime Mayor Oreja. En ese organismo están representados el Gobierno central y el autónomo y es el que acuerda cada año el número de agentes que tendrá la próxima promoción de los mossos y el calendario para ir extendiendo su despliegue por Cataluña. Actualmente la policía autonómica ya ha sustituido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en Lleida y Girona, y a partir del próximo año continuará el despliegue en las comarcas de Barcelona. Desde el 1 de diciembre, además, los mossos tendrán la competencia exclusiva en el tráfico de las carreteras interurbanas de Cataluña.La reclamación que planteará la Generalitat es consecuencia de un acuerdo alcanzado ayer entre Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que se rubricará formalmente mañana en la comisión de Justicia, Derecho y Seguridad Ciudadana del Parlamento catalán. Ambos grupos políticos han pactado una proposición no de ley en la que la Cámara insta al Gobierno catalán a llevar el tema a la Junta de Seguridad para exigir que la policía autonómica "tenga una participación activa en la lucha y actuaciones en materia antiterrorista como parte necesaria e imprescindible", en colaboración con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La proposición razona que la exigencia de nuevas competencias es la consecuencia de ese despliegue de los Mossos d'Esquadra "como policía ordinaria e integral" y que, además, se debe garantizar a los agentes la formación necesaria y medidas de autoprotección.

Para hacer posible esa aspiración, el Parlamento solicita que se modifique el protocolo acordado por la Junta de Seguridad el 24 de octubre de 1997, que es el que se está aplicando actualmente. El acuerdo reserva a la Policía Nacional y a la Guardia Civil la investigación de los delitos de terrorismo, desde que se produce un atentado y se empiezan a recoger las muestras, hasta que se inicia la investigación por las unidades de información.

Por el contrario, el protocolo especifica que la actuación de los Mossos d'Esquadra se limitará a llevar a cabo las campañas y medidas preventivas que diseñe y acuerde el Ministerio del Interior, tras escuchar a la Generalitat y a coordinar la actuación de las ambulancias y los bomberos. También especifica que en caso de que los agentes de la policía autonómica localicen un artefacto explosivo podrán neutralizarlo después de avisar a la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Un portavoz del Ministerio del Interior aseguró ayer que "no es el momento de revisar el acuerdo porque no sería provechoso ni operativo para nadie" y porque se funciona correctamente. Las mismas fuentes opinan que la realidad de los hechos ha superado el acuerdo y la policía autonómica está realizando o ha realizado en las últimas semanas controles de vehículos y labores de protección de personas. Interior recuerda también que los mossos han impartido cursos de autoprotección y que han participado activamente en el peinado de diferentes zonas de Cataluña tras el atentado de ETA en el que murió el pasado 21 de septiembre el concejal de Sant Adrià de Besós José Luis Ruiz Casado. El mismo portavoz dudó que el acuerdo parlamentario sea trasladado a la Junta de Seguridad por el consejero de Interior, Xavier Pomés.Tras aquel atentado, el presidente de la Generalitat ofreció al ministerio la colaboración de la policía autonómica en la lucha antiterrorista y desde entonces la Administración catalana ha insistido en la lealtad institucional que debe existir en esta materia. Sin embargo, el propio Xavier Pomés ya insinuó el pasado 17 de octubre en un acto institucional en presencia de la delegada del Gobierno, Julia García Valdecasas, por dónde iban realmente las aspiraciones de la Generalitat. "Nuestra legitimidad, competencia y corresponsabilidad en este ámbito (la lucha antiterrorista) no es discutible ni matizable, ni subordinada a nada ni a nadie", afirmó Pomés.