Los rectores esperan que el Consell respete los acuerdos del plan de estabilidad docente

Las universidades públicas valencianas, lejos de echar las campanas al vuelo tras el anuncio del "desbloqueo" del Gobierno central y su disposición a cofinanciar el plan de estabilidad del profesorado valenciano, optaron ayer por la prudencia y el escepticismo hasta el martes, que será cuando conocerán de primera mano los términos del acuerdo en la reunión fijada por el responsable del ramo, Salvador Forner. "No sabemos más de lo que sabíamos hace medio año y lo que vamos sabiendo, va a peor", resume un alto cargo universitario. Desde los distintos rectorados se recuerda, sin embargo, que hasta ahora los mensajes de la Dirección General de Universidades han sido contradictorios al respecto, ya que la última instrucción oficial -enviada por escrito apenas el pasado viernes 10 de noviembre- instaba a las universidades a adelantar de su propio bolsillo la financiación del capítulo del Plan de Estabilidad y Promoción del Profesorado Universitario referente a las retribuciones de los titulares de Escuela Universitaria (firmado en Madrid por el Ministerio de Educación y las confederaciones sindicales, que está en vigor desde enero). En ese escrito, el director general dispuso, incluso, la redistribución y el montante de las anualidades (el 80% a pagar en la primera) y se comprometía a devolverlo en el 2001.

Así que el sorpresivo anuncio del jueves difundido por Presidencia de la Generalitat acerca de que el Ministerio de Educación y el de Hacienda han dado luz verde al convenio valenciano ha sido tomado con reserva en las universidades valencianas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el borrador de convenio tripartito entre la Administración central, la autonómica y las cinco universidades públicas valencianas se paró, precisamente, ante la negativa de éstas a supeditar el dinero del acuerdo (2.250 millones a cargo del ministerio y otros 800 a cargo de la Generalitat) a tener que asumir la titularidad de la deuda del conjunto del sistema universitario público, que supera con creces los 80.000 millones y representa unos activos financieros de más de 4.000 millones al año.

Éste fue el detonante del bloqueo del convenio a principios de noviembre y también la incógnita que siguen teniendo las universidades. De entrada, según las fuentes consultadas, las universidades esperan que el Consell respete los términos pactados antes de que se bloqueara la negociación y mantenga los porcentajes de distribución de los 3.000 millones (coste global del plan a aplicar en el periodo 2000-2003) fijados en: el 36% para el plan de estabilidad del profesorado de la Universidad de Valencia; 28% para la Politécnica; 19% para la de Alicante; 8% para la Jaume I; y 7% para la Miguel Hernández.