Los promotores de la Carta Social rechazan el proyecto del Parlamento
Los promotores de la Carta Social calificaron ayer de "timo" a la ciudadanía vasca el proyecto que elaboran PP, PSE y PNV, partidos que tienen la mayoría dentro de la ponencia parlamentaria que tramita esta iniciativa legislativa popular. Según afirmó el portavoz de los promotores, José Ramón Castaños, las medidas que plantean las tres formaciones políticas "desnaturalizan" el contenido originario de la propuesta, que logró llegar hasta el Parlamento vasco hace tres años gracias a la firma de 83.000 personas.
Varios miembros de la plataforma que impulsó la Carta Social se entrevistaron ayer con los miembros de la ponencia. La desilusión al término del contacto presidía el ánimo de los promotores. Castaños criticó con dureza el hecho de que el proyecto de PP, PNV y PSE no recoja una renta básica equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cifrado en 70.000 pesetas mensuales, ni que establezca medidas de reparto del tiempo de trabajo (como la semana laboral de 35 horas, la instauración del contrato de relevo y la jubilación a los 60 años). En opinión de Castaños, "la ponencia va a reírse a la cara de los 83.000 ciudadanos que dieron su apoyo para que en este país (por Euskadi) no haya que mendigar las ayudas públicas, sino que sean un derecho reconocido". La tesis que sostienen los promotores es que la Carta Social es algo más que la creación de un salario social para aquellas personas que no dispongan de recursos para vivir dignamente. Se trata de una propuesta "válida" para afrontar los problemas originados por la pobreza.
De momento, entre los partidos de la ponencia existe un amplio acuerdo sobre los criterios para asignar el ingreso de inserción a una unidad familiar y sobre el reconocimiento de una serie de derechos sociales a los ciudadanos vascos. En los otros aspectos, sin embargo, se limitan a abogar porque la reducción de la jornada laboral, la supresión de las horas extras y las jubilaciones anticipadas sean fruto de acuerdos entre sindicatos y empresarios. Ahí radica una de las discrepancias con los promotores de la Carta Social, para quienes el Parlamento debe proclamar de manera unilateral una legislación social nueva y sostener un pulso político con el Gobierno central. Según Gemma Zabaleta, del PSE, la intención de los promotores de la Carta Social es la instauración de la "construcción nacional por la vía de la construcción social".
El otro punto de controversia entre los propios partidos y los promotores se encuentra en halla en la cuantía de la renta universal. El PNV propone 12 mensualidades de 53.000 pesetas y el PSE y PP elevan cada paga a 61.845 pesetas. El acuerdo entre estos partidos es factible. Frente a ellos se sitúan EA e IU, quienes reclaman el 85% y el 100% del SMI, respectivamente. Los promotores defienden el 100%. De mantenerse la propuesta mayoritaria, Castaños aseguró que el único resultado del trabajo parlamentario va a ser "un ligero" aumento del ya vigente salario social, que es de 50.000 pesetas mensuales.
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