Santana

La Encuesta de Población Activa (EPA) nos vuelve a dar un disgusto. Otra vez los datos insisten en dejar en evidencia la realidad. Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas con más alta cifra de paro. Es así y como viene de lejos, duele más. Todavía la EPA puede decir y dice que en Andalucía la tasa de paro es del 24,8% y que en el tercer trimestre del año aumentó el desempleo en 8.600 personas. Cuando decimos paro y damos cifras quisiéramos estar hablando de algo inconcreto, pero no, cuando decimos paro, estamos hablando de personas, de hombres, jóvenes, mujeres, sobre todo mujeres que saben del amargo e injusto sabor de la exclusión.Otra vez ha subido en Andalucía y en España se reduce menos de lo que lo hizo en los años 98 y 99, lo que indica que si son ciertas las señales que los analistas detectan sobre el fin del ciclo de bonanza económica, no da para mucha esperanza. Sobre todo si las voluntades políticas se centran en la consagración y veneración del concepto "déficit cero". A quienes no sabemos de cuentas nos parece que un parado bien vale un endeudamiento. Como nos parece lógico, razonable y necesario que en un lugar donde hay más paro que en otros se pueda tomar las medidas que hagan falta para salvar una empresa, como por ejemplo Santana Motor. Otra vez Santana vuelve a necesitar ayuda y sin duda habrá que buscarle las salidas más racionales y que signifiquen más estabilidad y más futuro y que, por tanto, la despeguen de las ayudas públicas continuas. Desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía se trabaja en un nuevo plan de viabilidad. Pero, mientras se está en esas, desde Bruselas se tiene abierto un expediente informativo sobre las anteriores ayudas a la empresa que se consideran ilegales.

Está claro que debe haber reglas del juego y que competir desde la permanente ayuda oficial puede suponer una ventaja injusta, sin embargo no parece demasiado descabellado pensar que la UE debería plantearse la necesidad de contemplar excepciones, cuando las condiciones sociolaborales indican la necesidad de que los poderes públicos piensen en la política más que en la economía. Es decir, en las necesidades de las personas más que en los objetivos de la competitividad.

MARÍA ESPERANZA SÁNCHEZ