Los países del sur forman un frente común ante Bruselas
Los países mediterráneos, principales productores de frutas y de hortalizas, han hecho un frente común ante la Comisión de la Unión Europea para introducir modificaciones en la propuesta para la reforma de este mercado. Esta reforma es probable que se apruebe en el consejo de ministros de Agricultura de la UE que se celebrará en el presente mes de noviembre. En una primera propuesta, Bruselas pretendía rebajar del 4,5% al 3% el volumen de ayudas sobre las ventas para una Organización de Productores concreta.Tras las protestas de los países mediterráneos, parece seguro que ese porcentaje en las ayudas lleguará hasta el 4,5%.
España e Italia reclaman un aumento en los umbrales para los productos transformados de cítricos, tomate, peras o melocotones al considerar insuficientes las propuestas comunitarias en precios y volúmenes.
- Arroz. En la regulación comunitaria actual de este producto se contempla una cuota de cultivo para España de 104.000 hectáreas y unos precios de intervención con ayudas por hectárea que se rebajan si se supera la cuota de cultivo asignada.
La Comisión Europea ha propuesto en primera instancia la eliminación de los precios de intervención y elevar las ayudas para compensar la previsible reducción de los precios del mercado, equiparando las mismas a las aplicadas en el régimen de cultivos herbáceos.
Para evitar el hundimiento previsto de cotizaciones, la Comisión Europea propugna un incremento en los aranceles, algo que podría chocar con las reglas de juego marcadas por la Organización Mundial de Comercio.
El Gobierno español rechaza la eliminación de los precios de intervención si no hay compensaciones suficientes para ello.
- Algodón. El sector algodonero español tiene una cuota de producción de 249.000 toneladas y, como el resto de los cultivadores comunitarios, sufre una penalización del 0,5% en el precio por cada 1% de superación de la cuota.
La propuesta comunitaria, que se llevará a las negociaciones de la Organización Común de Mercado que están a punto de comenzar, pretende elevar esa penalización del 5% al 6% por cada porcentaje del 1% en que se sobrepase la cuota.
España rechaza ese incremento en las penalizaciones y, sobre todo, reclama que la cuota asignada a cada país se ajuste a las producciones reales de los últimos años. Éstas se hallan sensiblemente por encima de las 300.000 toneladas.
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