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La Generalitat logró 200.000 pesetas por Olé, valorado después en 3.000 millones

La Generalitat de Cataluña, a través de la Fundació Catalana per la Recerca (FCR), obtuvo sólo 200.000 pesetas por la venta en 1996 del buscador de Internet Olé, según admiten el actual presidente de la FCR, Rafael Español -empresario de la máxima confianza de Jordi Pujol-, y el ex director de la institución, Josep Antoni Plana Castellví. Los beneficiarios de la venta, la mayoría vinculados a la propia Fundació, vendieron Olé a Telefónica en 1999 por 3.000 millones de pesetas y derechos sobre acciones de Terra que hoy tienen un valor de 24.000 millones.En julio de 1996, el Gobierno catalán privatizó Olé, el buscador que dio origen a Terra, sin la autorización preceptiva del patronato de la FCR, la entidad que lo creó. Los responsables actuales de la FCR afirman que no disponen de ningún documento que certifique la venta y remiten a una auditoría elaborada por la Sindicatura de Cuentas, el organismo que fiscaliza las cuentas públicas en Cataluña, que aún no ha sido entregada al Parlament.

Según Español, la auditoría refleja dos pagos relacionados con Olé. En el primero, la FCR pagó supuestamente 100.000 pesetas a uno de sus trabajadores, Josep Vallès, por la idea del buscador. Meses después, cuando el buscador ya era una realidad que funcionaba en la red gracias a las inversiones públicas realizadas, Vallès pagó 200.000 pesetas a la FCR y se convirtió en el propietario privado del buscador. La Fundació sólo ganó, por tanto, 100.000 pesetas con Olé.

Todos los grupos de la oposición pidieron ayer explicaciones al Gobierno de Pujol por la forma en que privatizó el buscador. El diputado socialista Miquel Barceló y el portavoz adjunto del PP, Daniel Sirera, entregaron ayer en el registro de la Cámara sendas peticiones para que comparezca el consejero de la Presidencia, Joaquim Triadú. "La falta de visión del Gobierno hizo perder 24.000 millones a los catalanes y constatamos con indignación que el proceso se hizo con irregularidades administrativas", afirmó Barceló. El diputado de IC-V José Luis López-Bulla señaló que existen indicios de "presunta prevaricación".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 10 de noviembre de 2000

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