El Ayuntamiento de Bilbao concederá la licencia de actividad a la incineradora de basuras

El Ayuntamiento de Bilbao concederá finalmente, con toda probabilidad esta misma semana, la licencia de actividad al proyecto de la incineradora de basuras de Zabalgarbi. El permiso establece varias medidas correctoras diferentes a las que en septiembre dictó el Gobierno vasco, según han confirmado fuentes municipales. Zabalgarbi salva así el último obstáculo para la la construcción de la polémica planta y dispondrá de todos los permisos para finales de año. Este proyecto, con una inversión de 25.000 millones, ha sido censurado por ecologistas y partidos políticos.

Declaración de impacto

Con la concesión de la de actividad, sólo restará la licencia de obras, "que se puede solucionar en un mes, porque apenas hay diferencias con el permiso de actividad, que suele ser lo fundamental", señalan fuentes del consistorio bilbaíno. Zabalgarbi, la empresa promotora de esta infraestructura desde hace ocho años, dispondría así de todos los permisos para finales de año y el inicio de los trabajos sería inminente.El Ayuntamiento de Bilbao, en cuyos terrenos se ubicará la incineradora, lleva casi todo el año con la tramitación de la licencia de actividad, que fue pedida por Zabalgarbi en junio de 1998. La gran cantidad de alegaciones presentadas -más de 200 formuladas por 11 colectivos diferentes- y la complejidad del proyecto han demorado la respuesta hasta ahora. El hecho de que este trámite sea reglado (se debe aprobar si se cumplen las condiciones técnicas) evita que deba ser aprobado por el pleno municipal y generar un debate político.

El área municipal de Urbanismo vio en un principio medio centenar de carencias o anomalías, que en su informe final resumió en ocho principales deficiencias, como la falta de un estudio actual del suelo donde se ubicará la planta, el cálculo matemático elegido para medir la dispersión atmosférica, el tratamiento de los residuos generados o una mayor concreción de las emisiones. En el último mes, los técnicos municipales se han reunido con los representantes de Zabalgarbi para tratar estas cuestiones. "Han presentado documentación que subsanaba algunas pegas y otras que hemos formulado se impondrán como medidas correctoras en la licencia", añaden los mismos medios.

Urbanismo ha concluido su informe sobre la licencia de actividad con una respuesta favorable que incluye una serie de medidas correctoras, "que no son fundamentales porque, si no, sería desfavorable. Son una serie de cautelas que se ponen en cualquier tipo de actividad, aunque ésta, al ser de estas características especiales, tiene bastantes más", señalan en el Ayuntamiento.

El Gobierno vasco emitió en septiembre la declaración de impacto favorable al proyecto aunque condicionada al cumplimiento de cerca de 400 medidas. Entre ellas, exige a Zabalgarbi que, antes de que la planta empiece a funcionar, instale más estaciones de control y mediciones continuas de varios parámetros, así como otras medidas para evitar filtraciones al canal de agua potable de Ordunte que atraviesa la zona.Con los dos últimos grandes obstáculos salvados -la declaración de impacto ambiental y la licencia de actividad- Zabalgarbi tiene de esta manera el camino despejado para ejecutar su proyecto. Según las previsiones, los trabajos se prolongarán durante dos años, por lo que, en el mejor de los casos, la planta funcionaría a principios de 2003, con dos años de demora sobre el plan que ha manejado siempre la empresa.

La incineradora prevé quemar al año 228.000 toneladas de desechos procedente de la basura doméstica de Vizcaya con el fin de producir energía eléctrica, para lo que la planta tiene una potencia de 90 megawatios. Se estima que la producción anual alcanzará los 700 millones de kilowatios/hora, lo que supone una cobertura del 42% de la demanda anual del sector doméstico en Vizcaya o, lo que es lo mismo, el 7,5% del total que se consume en el territorio vizcaíno. La inversión superará los 25.000 millones y la empresa cuenta ahora con una capital de 2.800, de los que un 45% procede de instituciones y organismos públicos. Entre 1993 y 1998, la empresa ha gastado más de 2.300 millones, de los que casi 250 corresponden a comunicación y publicidad.

La incineradora es uno de los asuntos medioambientales más polémicos en el País Vasco, con la existencia de una plataforma constituida expresamente contra el proyecto y dos demandas en los tribunales presentadas por parte de este colectivo e Izquierda Unida.