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Los nacionalistas critican que Educación se niegue a darles el texto de la reforma

CiU rechaza que el Gobierno imponga la organización de los currículos

El Gobierno no permitió ayer a CiU y al Gobierno vasco llevarse los documentos de la reforma educativa que les enseñó en la reunión que mantuvieron en Madrid. Los nacionalistas vascos y catalanes salieron de los encuentros criticando duramente al Gobierno por la forma en la que está llevando las negociaciones. El viceconsejero del Gobierno vasco, Alfonso Unceta, se salió de la sala de reunión sin debatir los documentos, indignado por el trato recibido.

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Analizar la letra pequeña

Fuentes próximas a las reuniones de ayer confirmaron el absoluto control del ministerio de los textos y la actitud desconfiada del mismo hacia los negociadores. Los nacionalistas no se explican por qué el Gobierno se niega a entregarles los documentos -"dos enormes carpetas con las explicaciones de los cambios que pretende abordar el ministerio pormenorizados por asignaturas"-, un hecho que califican "sin precedentes en las negociaciones con el Ministerio de Educación", según ha señalado el portavoz de CiU en el Congreso, Ignasi Guardans. El Gobierno había convocado a los nacionalistas para discutir con más detalle la reforma con la que planea modificar prácticamente todas las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el bachillerato. La reunión se efectuó dos semanas después de que les entregara un documento de trabajo formado por fichas que perfilaban los cambios principales.

La portavoz socialista de Educación en el Congreso, Amparo Valcarce, asegura que "el ministerio no ha prohibido al PSOE ninguno de los documentos que ha solicitado" y añade que, en su opinión, "el Gobierno debe entregar a los partidos todos los textos que éstos estimen oportuno, porque es la única manera de garantizar que exista un clima que permita el consenso".

Los nacionalistas catalanes acudieron a la reunión de ayer con la secretaria general de Educación, Isabel Couso, y un grupo de expertos del ministerio acompañados de algunos de los técnicos que negociaron en 1991 con los socialistas los contenidos mínimos, actualmente en vigor.

Según el ex secretario de Estado de Educación que coordinó el debate del texto anterior, Álvaro Marchesi, el tema de las enseñanzas mínimas "debe ser debatido por el conjunto de la sociedad, como se hizo en su momento, y tiene que existir la máxima claridad y libertad, por lo que la actitud de secretismo y control del ministerio es inadmisible".

Catalanes y vascos se preguntan por qué se les impide disponer de unos documentos que permitirían "a los expertos de sus respectivos partidos en cada asignatura analizar todo, hasta la letra pequeña" de la reforma. "Aunque estamos en principio abiertos a la negociación, nos da miedo que so capa de una reforma de contenidos, aparezca emboscado otro tipo de reforma. Aceptamos modificaciones de contenidos básicos, pero no admitiremos de ninguna manera que se toque nada en el ámbito organizativo, como pretender marcarnos qué se debe enseñar en cada curso", señaló Guardans.El portavoz de los nacionalistas catalanes añadió que el no haber visto los documentos detallados "impide a CiU hacer un pronunciamiento sobre la reforma": "El problema es que algunas de las cosas que asegura el ministerio que va a hacer nos parecen difíciles de convertir en un texto jurídico. No sabemos cómo es posible que quieran aumentar los contenidos sin aumentar las horas y que además no invadan las competencias autonómicas".

Según fuentes del Ministerio de Educación, tras las diversas conversaciones que se mantuvieron ayer con el Gobierno vasco se acordó finalmente mantener el diálogo y las negociaciones entre ambas partes.

Por su parte, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, aseguró que las perspectivas de que el Gobierno logre un consenso de esta reforma con la oposición y las comunidades "son muy buenas". La ministra aseguró que las conversaciones con los partidos continúan y que a mediados de noviembre se convocará la Conferencia Sectorial de Educación (integrada por los consejeros de las comunidades) a la que se presentará la reforma.

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